Introducción
El liberalismo
como ideal de organización del estado se basa en un conjunto de normas e
instituciones enderezadas a proteger la libertad personal, la representación democrática
de los ciudadanos y los derechos humanos.
En general el
ideal liberal implica soberanía de la ley, igualdad ante esta, elecciones
libres y regulares, alternación de partidos en el poder, representación de diferentes
segmentos de la población en órganos del poder, tolerancia de la crítica y las minorías,
separación de los órganos del poder, limitación de términos del ejecutivo, derechos
civiles y garantías sociales. Entre estos se incluyen, por ejemplo, las
libertades de pensamiento, fe religiosa, opinión, prensa, asociación, domicilio
y movimiento, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad
privada, a ser juzgado conforme a reglas preestablecidas, a ejercer la libertad
propia sin más límite que el respeto a la libertad ajena. Todo esto supone, por
supuesto, un estado y unas autoridades que reconocen límites a sus poderes y
aceptan la existencia de ciudadanos libres de hacer cuanto no prohíba la ley,
la cual, a su turno, solo se extiende hasta donde haga falta para mantener un mínimum
de convivencia y orden social. Literariamente las constituciones de los estados
latinoamericanos son una bella antología de ideas liberales.
En el mundo
moderno la noción de democracia se ha ido disociando en la práctica del ideario
liberal y se ha reducido a un mero mecanismo electoral para acceder al poder y
conservarlo. Los gobernantes de muchos países legitiman su posición con el
concurso de los ciudadanos que participan en elecciones más o menos limpias y
ejercen el poder de manera más o menos iliberal.
