Monday, April 9, 2012

Elites Colombianas, Guerrillas y Paramilitares: Simbiosis, Ficción y Apologistas Mediáticos

La historia reciente de Colombia ha sido muy cruel con las elites políticas y económicas. Y digo que ha sido cruel porque es como si la historia fuera un sastre que de súbito hubiera corrido las cortinas del cuarto donde se probaban los trajes de ceremonia y circunstancia y las hubiera exhibido en el estado en que llegaron al mundo y en el que lo van a abandonar. Y esa crueldad de la historia se extiende a los apologistas de las elites que han de usar su fantasía, y solo su fantasía, para restaurarles un poco de dignidad y decencia. Y al obligarlos a usar su fantasía los deja desvestidos de hechos, pensamiento objetivo, inteligencia crítica y autoridad moral.
Las elites y la simbiosis con paramilitares y guerrilleros
La violencia que ha convulsionado a Colombia en la última generación es susceptible de interpretaciones encontradas. En mi opinión los estudiosos del tema no han hecho suficiente énfasis en el papel de las clases dirigentes como administradoras de los procesos de gestación, orientación, mantenimiento y supresión de la violencia.
A la vuelta del siglo 21 las elites habían llevado a Colombia a una crisis que parecía insoluble. Desde los años sesenta del siglo veinte grupos guerrilleros habían estado en guerra abierta con el estado. Desde los años ochenta grupos paramilitares habían estado en guerra solapada con el estado. Tanto guerrilleros como paramilitares se proponían crear un nuevo estado. Los primeros se decían aliados de obreros y campesinos, los segundos se declaraban aliados de las elites que controlaban los mecanismos de poder. El estado como tal parecía incapaz o renuente a derrotar a unos y otros. Fuera incapacidad o fuera renuencia, que en mi opinión fue esta, es cosa que apenas comienza a dilucidarse a medida que historiadores y cronistas documentan el interés que las elites económicas tuvieron en una dinámica rural favorable a la creación de latifundios y la expansión de empresas agroindustriales, el que tuvieron las elites políticas en eliminar cualquier rastro de influencia de los campesinos en el manejo del país y el que, a su turno, tuvieron las fuerzas armadas en preservar un estado de cosas que les garantizaba una porción importante del presupuesto nacional para gastar sin auditoría de las autoridades civiles.
Multiplicación de guerrilleros y paramilitares
A finales de los años noventa del siglo pasado y principios del siglo veintiuno los guerrilleros habían expandido la zona de guerra de las áreas rurales y remotas donde operaban inicialmente a las zonas urbanas y las carreteras principales. Los paramilitares, que habían empezado como pequeños grupos armados, aislados, sedicentes encargados de proteger a los propietarios de fincas grandes y medianas de la expoliación guerrillera, se habían convertido en ejércitos poderosos coordinados en su mayor parte por un comando colegiado que empezaba a desarrollar la ambición de controlar el estado. Aunque teóricamente en guerra mutua, tanto guerrilleros como paramilitares habían crecido paralela y simultáneamente y tenían presencia en todo el país aunque las líneas que separaban los territorios controlados por cada cual variaban día a día, se financiaban de las mismas fuentes –participación en el narcotráfico, secuestros, chantajes y robos a empresarios y hacendados, robos a las agencias locales del estado-, cometían los mismos crímenes atroces contra la población civil y forzaban los mismos desplazamientos de los campesinos ocupantes de las tierras codiciadas por los combatientes o, en el caso de los paramilitares, por sus financiadores y simpatizantes de las elites políticas y económicas.
Teorías de defensa de guerrilleros y paramilitares
Inicialmente algunas organizaciones defensoras de derechos humanos enfatizaron la crítica de los crímenes cometidos por los paramilitares con tres argumentos: 1) los paramilitares actuaban como agentes del estado y en consecuencia estaban sujetos a los tratados de derecho internacional y respeto a los derechos humanos que había suscrito el gobierno colombiano, cosas a las que no estaban sujetos los guerrilleros por no ser estado, 2) los actos ilegales de los paramilitares eran crímenes de lesa humanidad mientras que los de los guerrilleros eran delitos políticos, y 3) los crímenes de los paramilitares eran más numerosos y más horrendos que los de los guerrilleros. Esta actitud, equivocada desde el punto de vista moral y político, fue fatal para el movimiento de derechos humanos pues aunque minoritaria dio lugar a una campaña de desprestigio contra la misma idea de los derechos humanos. A la larga dio pie a que bajo la dirección del presidente Uribe se reversaran los papeles, se enfatizaran los crímenes de los guerrilleros y se justificara la existencia de los paramilitares como un movimiento de autodefensa civil hecho necesario por la ausencia del estado. En este escenario las agencias de policía y administración de justicia no tuvieron el poder suficiente para proteger la vida, libertad y propiedad de los habitantes de las zonas afectadas por las guerrillas; en consecuencia, esos habitantes tuvieron que actuar en defensa propia y conseguir quien los protegiera.
Los testimonios de prensa coetáneos a los hechos y las pruebas históricas y judiciales que se han acumulado desde el año 2006 han mostrado de manera incontrovertible la falacia de este argumento. En los territorios controlados por guerrilleros y paramilitares estaba presente el estado en alcaldías, juzgados municipales, notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos, comandos regionales de policía y ejército, candidatos y miembros elegidos de cuerpos colegiados locales y nacionales y terratenientes con acceso e influencia en las agencias departamentales y nacionales de gobierno. Lo que no había, y eso hay que decirlo claro y fuerte, era la voluntad de las elites de hacer efectiva la presencia del estado y de imponer el monopolio del poder público en esos territorios. Lo que indica la redistribución de la propiedad rural ocurrida en los últimos 30 años –aproximadamente- es que las elites habían implementado una política de ausencia del estado mientras conducían una guerra de clases tendiente a engrandecer y consolidar las propiedades de los terratenientes y políticos más poderosos y a eliminar los derechos de propiedad de los terratenientes medianos y pequeños, de los colonos no titulados y de las comunidades agrarias con títulos colectivos sobre la tierra. Por supuesto que esto no fue un proceso linear ni libre de costos para las elites pues los procesos sociales no suceden así y de hecho algunos de sus miembros perdieron la vida o el patrimonio.
Las elites rompen con paramilitares y guerrilleros
En el año 2002 fue elegido presidente Alvaro Uribe Vélez con una plataforma de guerra a muerte a las guerrillas, eliminación de la corrupción imperante en el manejo de los recursos públicos y modernización del estado sobre políticas de desarrollo social benéfico para todas las clases sociales y una burocracia escogida por méritos y competencia técnica. En retrospectiva parece justificado decir que con su elección un sector importante de las elites había tomado la decisión de introducir el estado en las áreas de conflicto para consolidar sus ganancias territoriales e ideológicas y por eso del 2002 al 2010 el gobierno se concentró en la guerra contra las guerrillas –la que no ganó pues todo lo que obtuvo fue que hicieran un repliegue táctico hacia las áreas remotas de donde habían salido- y en el desarrollo económico pro-empresarial sin beneficio para el trabajador asalariado, urbano o rural. La profesionalización de la burocracia y la lucha contra la corrupción desaparecieron de la agenda de gobierno.
Durante la  administración de Andrés Pastrana las elites prepararon al estado para tomar la iniciativa contra las guerrillas. El llamado Plan Colombia y los impuestos de destinación específica para financiar la guerra habían puesto al ejército en pie de ataque. A la administración Uribe solo le quedaba dar la orden de movilización. Lo que hizo, al mismo tiempo que ponía en juego un plan para desmovilizar a los paramilitares con negociaciones de armisticio y legislación que les garantizara impunidad por los actos de violencia e inmunidad contra los reclamantes de las tierras que sus comandantes expropiaron para sí o para otros.
La estrategia de la administración Uribe de intensificar la guerra contra las guerrillas y negociar con los paramilitares tuvo el efecto casi inmediato de eliminar la presencia de ambos actores armados en las carreteras principales del país, con lo cual desapareció una incomodidad personal para los viajeros y un obstáculo para la actividad económica. Tan importante fue este efecto que muchos colombianos consideran hoy en día que solo por él se validan y justifican todas las acciones, acertadas y desacertadas, legales e ilegales, morales e inmorales, atribuibles al presidente Uribe y sus agentes durante los ocho años de su gobierno.
Estrategia de inserción paramilitar en la normalidad institucional
En su estrategia de negociación con los paramiltares el gobierno contaba con el respaldo de un grupo grande de congresistas que habían sido elegidos con ayuda de estos y cuya identificación con sus acciones y mentalidad se hizo patente cuando invitaron a sus comandantes a hablar ante una sesión conjunta del congreso, donde fueron recibidos con una “standing ovation” como dicen los ingleses. El gobierno mismo mantenía relaciones con los comandantes paramilitares a través de un enviado que para todos los efectos prácticos tenía la dignidad y desplegaba la parafernalia de un embajador plenipotenciario ante un soberano par de Colombia. El gobierno también tuvo en altos cargos de la administración a individuos que colaboraban activamente con los comandantes paramilitares quienes, considerando todas las circunstancias, podían sentirse justificados si creían que el estado y las elites estaban de su parte.
Disensiones dentro de las elites
Las elites, sin embargo, no habían desarrollado un consenso sobre la impunidad y la inmunidad ofrecidas a los paramilitares por el gobierno. El presidente Uribe, generalmente hábil en reconocer y remover obstáculos por adelantado, no anticipó la oposición que sus iniciativas pro-paramilitares encontrarían en sectores de las elites, ni la alianza que esos sectores harían con las fuerzas populares y las organizaciones de víctimas, ni el respaldo que indirectamente les darían los Estados Unidos con su guerra contra las drogas. En mayo de 2006 la Corte Constitucional revisó  la ley 975 de 2005, mal llamada de Justicia y Paz y que mejor hubiera podido conocerse como de perdón y olvido, con la que el gobierno quería formalizar su estrategia de inserción de los comandantes paramilitares en la vida institucional del país, e introdujo serias limitaciones a su aplicación, en la práctica eliminando la impunidad e inmunidad que se les había prometido. Simultáneamente el gobierno de los Estados Unidos empezó a reclamar el derecho a juzgar a los comandantes paramilitares activos en el tráfico de drogas.
Ello dio al traste con la estrategia del gobierno. Impedido legalmente para dar a los paramilitares la impunidad e inmunidad que esperaban, el gobierno tuvo que improvisar una estrategia de prevención de daños para impedir que los comandantes tomaran represalias contra sus aliados en las elites. Empezó por aislarlos en una cárcel de mínima seguridad, lo que no tuvo efecto pues los comandantes comenzaron a hablar de sus cómplices en la elite política. Para aumentar la presión el gobierno entregó a los Estados Unidos a algunos de los comandantes que habían doblado de narcotraficantes, pero los que quedaron se negaron a guardar silencio de manera que para removerlos de la escena entregó a la mayoría. Dándose cuenta de la debilidad del gobierno en este campo los sectores desafectos de las elites actuaron por medio de sus representantes en las altas cortes del país y en el mismo año 2006 empezaron las investigaciones contra los políticos asociados con los paramilitares; al mismo tiempo los medios de comunicación de masas le dieron más importancia a las informaciones sobre los crímenes del paramilitarismo y sus aliados. Perdiendo los estribos, e incapaz de entender que tanto en el poder que recibió como en el que le quitaron fue agente de las elites políticas y económicas, el presidente Uribe emprendió una cruzada personal de desprestigio contra las Cortes y los medios para castigarlos por haberle impedido ejecutar su política de perdón y olvido a favor de los paramilitares y de los sectores de las elites que estuvieron con ellos. Han pasado seis años y las Cortes todavía están juzgando a los paramilitares y a sus socios de las elites políticas por los crímenes que cometieron y han comenzado con inmensa parsimonia a investigar a la elite económica por su participación en esos eventos.
Verdad histórica, “agitprop” y protección de la imagen de las elites
Ante esta situación los publicistas, apologistas y defensores oficiosos de las elites han tenido que trabajar diligentemente en cambiar los hechos históricos a fin de restaurar la apariencia de legitimidad moral que valida la posición dominante de las mismas. Difícil empeño. Pero eso no ha desanimado a individuos como Julio Sánchez Cristo de la W Radio, ni a Juan Paz del diario medellinense El Mundo, ni a otros como ellos que cierran los ojos y guardan silencio frente a los crímenes y traiciones a la nación de los sectores derechistas de las elites y abren bien los ojos y sueltan la lengua frente a los de los sectores progresistas o menos extremistas. Sánchez y Paz, que son emblemáticos de los colombianos que se empeñan en dar lustre y honor a nuestras elites contaminadas de paramilitarismo, se afanan en denunciar, condenar y desprestigiar, a los críticos de las mismas aunque para ello tengan que ignorar, olvidar, enmendar, distorsionar y falsificar el registro histórico que por su profesión de periodistas bien conocen.
Acallando a los críticos: reencarnación del inquisidor
La “agitprop” adelantada por los simpatizantes de los sectores derechistas de las elites recuerda a los inquisidores encargados de callar a Galileo. Esos inquisidores eran empleados de una elite ignorante, incompetente e inmoral y su papel era declarar falso y absurdo todo lo que pudiera debilitarla. Como empleados, no eran pagados para que pensaran por sí mismos, evaluaran los hechos, sopesaran las pruebas y dieran la razón a quien la tuviera, como tampoco lo son Julio Sánchez Cristo y Juan Paz.
Se me ocurrieron estas cosas cuando leí que un magistrado de nombre Néstor Raúl Correa dijo a principios de marzo de este año que durante la administración Uribe los paramilitares tomaron mucho vuelo y que si no hubiera sido por la intervención de las Cortes un comandante paraco hubiera sido nombrado ministro de cultura y otro de educación.
Paramilitares en el gabinete presidencial: ¿conjetura descabellada?
La conjetura del magistrado Correa no es descabellada. Recordemos que para el legislador gobiernista del 2005 uno de los propósitos de la ley 975 era legitimar el status quo creado por los comandantes paramilitares y convertirlos en actores políticos. Recordemos también que el mismo presidente Uribe durante su primera campaña para la presidencia participó en eventos públicos con reconocidos paramilitares y ya presidente nombró en altos cargos del estado a amigos y colaboradores de los paramilitares y los defendió aguerridamente cuando las Cortes comenzaron a investigarlos por su participación en crímenes de sangre. Los críticos del magistrado pasan maliciosamente por encima de estos hechos, que no son ni falsos ni absurdos, y exigen de él una retractación que quizá en su imaginación a sueldo nos daría a los colombianos la oportunidad de volver a vivir la historia sin los eventos que desprestigian a nuestras elites.
El magistrado Correa se sometió a una entrevista radial en la que bajo la presión del periodista Sánchez -quien actuaba como vocero de las elites políticas más desprestigiadas- retiró lo que había dicho sobre la posibilidad de que paramilitares hubieran podido ser ministros y mantuvo su opinión en todo lo relacionado con el papel que las Cortes jugaron en neutralizar la política de impunidad patrocinada por el gobierno de la época.
Inquisidores: ¿hoplitas o ilotas de las elites?
La siguiente nota periodística de Juan Paz en la edición del domingo 25 de marzo del diario El Mundo de Medellín en la cual cita a Julio Sánchez Cristo es un ejemplo antológico de los excesos de “agitprop” en que incurren los apologistas de las elites ultra-derechistas y me trae a la memoria la sentencia inquisitorial y la abjuración de Galileo.
Dice Juan Paz:
No cayó bien
Para algunos magistrados de las altas cortes, con quienes Juan Paz pudo dialogar, no le fue bien a su colega del Consejo Superior de la Judicatura, el antioqueño Néstor Raúl Correa, cuando dijo en un acto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismo que lo eligió, que si no hubiera sido porque el alto tribunal investigó la “parapolítica”, muy seguramente Mancuso sería el ministro de Cultura y “Jorge 40” el de Educación. Al día siguiente, en una verdadera encerrona periodística, Julio Sánchez Cristo puso contra las cuerdas a Correa, quien no tuvo más remedio que rectificar, aceptar que se había equivocado y retirar sus palabras.

Dicen los inquisidores que juzgaron a Galileo:

Sentencia del Tribunal de la Inquisición, 22 de junio de 1633:

[…] por mandato de Su Santidad y de los eminentísimos señores cardenales de esta suprema y universal Inquisición, los calificadores teológicos calificaron del modo siguiente las dos proposiciones referentes a la estabilidad del Sol y al movimiento de la Tierra:

La proposición de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente, y formalmente herética, porque contradice expresamente las Sagradas Escrituras.

La proposición de que la Tierra no es el centro del mundo y no está inmóvil, sino que se mueve, y también con un movimiento diario, es igualmente absurdo y falsa en cuanto filosofía, y desde el punto de vista de la verdad teológica, es, por lo menos, errónea en la fe. (...)

.... decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, el dicho Galileo, en razón de las cuestiones aducidas en el juicio y de lo que confesaste antes, te has hecho, ante el juicio de este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía.

Y dice Galileo:

Abjuración de Galileo, 22 de junio de 1633:

"Yo, Galileo Galileo […]  abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados, y en general, todo error y sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia; y juro que nunca más en el porvenir diré o afirmaré nada, verbalmente o por escrito, que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí; asimismo, si supiese de algún hereje o de alguien sospechoso de herejía, lo denunciaré a este Santo Oficio o al inquisidor y ordinario del lugar en que pueda encontrarme…”


Termino esta nota rogando a los dioses de la patria que nos protejan de inquisidores como los periodistas de la W Radio y de El Mundo y de otros, más poderosos, que nos impidan juzgar como debemos a las elites que tan mal han dirigido los destinos del país y que con tan poco juicio han escogido a los gobernantes encargados de representarlos e implementar sus planes para nuestro futuro.

Luis Mejía – 9 de abril de 2012

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Los Colombianos No Somos Así… Por El Momento: El Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Pierde Su Reloj


El diario The New York Times trae en su edición del 5 de los corrientes una historia sobre el reloj que desapareció de la muñeca del patriarca Cirilo I de Moscú.

En una fotografía publicada en la página web de la iglesia ortodoxa rusa el patriarca aparecía sentado, con sus manos sobre una mesa pulida como un espejo, usando un reloj Breguet avaluado en algo más de US$30.000. El reloj mismo es viejo conocido del público. La gente lo vio en 2009 cuando el patriarca habló de la importancia del ascetismo en una entrevista para la televisión ucraniana. La compañía fabricante lo promueve como una marca de elegancia y distinción a la par con otros productos suyos que fueron usados por María Antonieta y el zar Alejandro I.

Como en los medios sociales virtuales hubo algunos comentarios críticos sobre las joyas personales del patriarca alguien decidió borrar el reloj de su muñeca, lo que para los rusos no es difícil dados los avances que se hicieron en el arte de incluir y excluir figuras de las fotografías oficiales en los años de la unión de repúblicas soviéticas. Pero quiso la mala suerte, o la pérdida de talento artístico que ha sufrido la federación rusa, que el técnico responsable de la borrada dejara intacto el reflejo del reloj sobre la mesa. Mala cosa fue esa pues los críticos se pegaron de ese detalle para criticar aún más a la iglesia y su patriarca.

Lo que sigue es fascinante.

El patriarca explicó en una entrevista televisada que cuando oyó rumores de la existencia del reloj buscó entre los muchos regalos que ha recibido en la vida y que efectivamente encontró uno como el descrito por la gente pero que él nunca se lo había puesto y agregó que las fotos en que aparecía usándolo debieron ser arregladas por medio de “photoshop”.

Un vocero de la iglesia dijo que el cambio en la foto había sido resultado de un error técnico cometido por el personal de prensa del patriarcado y que había habido una violación de los reglamentos éticos internos que sería investigada y castigada severamente.

Un segundo vocero de la iglesia dijo que la discusión sobre el reloj era una distracción de la opinión pública que más bien debería enfocar la atención en cosas como los límites de la libertad artística –en una referencia a un grupo femenino de música de rock punk que improvisó un concierto en la catedral de Moscú para protestar la alianza política de la iglesia con el gobierno de Putin y cuyos miembros están en la cárcel a petición de la iglesia misma- y el significado de los evangelios en el mundo de hoy. Para enfatizar su opinión de que el debate sobre el reloj es trivial dijo que es de esperar que el día de mañana los críticos se pongan a discutir sobre las gafas del patriarca.


En Colombia estas cosas no suceden. Los miembros de las elites política y económica responsables de desfalcos, robos, tráfico de influencias, complicidad en asesinatos, etc., ni siquiera esperan a que las autoridades judiciales los acusen formalmente de violación de la ley. Muy al contrario. Ellos responden al más alto tribunal de la opinión pública y es suficiente con que los medios de comunicación de masas informen sobre los hechos apenas conocidos para que le den la cara al país, pidan perdón por haber traicionado la confianza de la gente, indemnicen el daño causado y se retiren avergonzados a vivir discretamente en un mundo privado. Los jerarcas de la iglesia ortodoxa rusa deberían aprender de los nuestros.

Cuando la gente observó que en la hoja de vida del presidente Uribe en la página web de la presidencia se hacían afirmaciones falsas sobre los cargos académicos que había tenido en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido el mismo presidente explicó que su conocimiento del inglés no era perfecto y que había cometido un error de buena fe en la traducción de los títulos correspondientes a esos cargos. Dio órdenes al técnico de la página web para hacer las correcciones pertinentes de inmediato. No hubo un cambio subrepticio de textos en la página web. Lo mismo sucedió cuando personas desafectas al gobierno comenzaron a circular videos y fotografías de encuentros entre el candidato Uribe y conocidos paramilitares durante su campaña presidencial. Y cuando los medios publicaron pruebas de que algunos de los altos funcionarios del gobierno eran aliados y cómplices de los paramilitares el presidente destituyó a estos y pidió excusas al país si en cualquier momento la firma que puso en los decretos de nombramiento había  hecho que esos funcionarios fueran percibidos como ciudadanos modelos.

Cuando se hace público que funcionarios de la presidencia de la república tienen encuentros clandestinos con criminales en el sótano de la casa de gobierno o que un ministro toma decisiones que favorecen a sus amigos empresarios, todos los implicados renuncian diciendo: señor presidente, nuestro servicio a la patria no es viable porque la gente no tiene confianza en nuestra honorabilidad. El presidente les contesta: no es a mí a quien sirven sino a la patria y al renunciar ustedes han hecho lo que es honorable.

Cuando los jueces de la república investigan a los implicados en parapolítica hay una renuncia masiva de congresistas, gobernadores, alcaldes, representantes de agencias del gobierno. Todos explican que se someten a la justicia y que no quieren interferir en las investigaciones desde posiciones en las que puedan tener control de archivos y testigos.

Cuando los auditores oficiales descubren fraude en el sistema de financiación pública de la salud, los gerentes de las compañías afectadas reembolsan los dineros indebidamente apropiados y se retiran a empezar de nuevo sus vidas profesionales.

Cuando los fiscales acusan a los participantes de un fraude en las finanzas de obras públicas en Bogotá estos levantan las manos en entrega simbólica a su destino y junto con sus socios, cómplices y benefactores se entregan a la justicia. Muertos de la vergüenza no vuelven a hablar con los periodistas ni vuelven a figurar en las noticias.

Cuando los guerrilleros se ven rodeados por el ejército también levantan las manos y dicen: Vale, perdimos esta ronda, no disparen, nos entregamos con los rehenes que tenemos.

Cuando los oficiales del ejército son acusados de asesinar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate se ponen firmes y dicen: Hemos traicionado la confianza que la nación puso en nosotros, merecemos el castigo ordenado por la ley, nos sometemos a los jueces civiles.

Cuando el público se entera de que ciertas compañías lo están engañando con productos defectuosos, propaganda engañosa y precios especulativos, los gerentes de estas le dan la cara, presentan un plan de producción y mercadeo respetuoso de las buenas costumbres y para compensar el daño hecho bajan los precios.

Cuando los editores y los redactores de los medios de comunicación se dan cuenta de que la gente se ha dado cuenta [y esta redundancia es voluntaria] de que ellos mienten, distorsionan los hechos, callan lo que saben que la gente necesita para formarse una opinión educada o pierden la objetividad a favor de la derecha o de la izquierda renuncian diciendo que con razón el público ya no les cree y se van a trabajar de coteros en las bodegas de la federación de cafeteros o a echar pica en las minas de carbón.

Así que los colombianos no somos como el patriarca Cirilo, ni como la iglesia ortodoxa rusa ni como sus voceros. Nuestros prohombres no pierden la capacidad de enfrentar la realidad y de distinguir lo honesto de lo deshonesto. Ellos no se ponen a distraer la atención hablando de los otros problemas que acosan al país, ni le echan la culpa a sus asistentes y empleados, ni destruyen documentación, ni desaparecen testigos. ¡Que viva Colombia!

Luis Mejía – 9 de abril de 2012

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Gazapo… O Trivialidad: El Tiempo Hace Cubrimiento de Conversación Telefónica Santos – Obama


El diario bogotano El Tiempo en su edición del 19 de marzo dio despliegue de primera página a una información que probablemente desde el punto de vista de sus editores estaba destinada a cautivar nuestra imaginación: ¡¡¡¡¡¡¡el presidente de los Estados Unidos Obama habló por teléfono con su homólogo colombiano Santos!!!!!!!!

La nota del diario es una transcripción al parecer fragmentaria de un comunicado de prensa de la presidencia de la república de Colombia. En ella se informa: 1) que Obama y Santos hablaron por teléfono, 2) que hablaron sobre lo que van a hablar [redundancia intencional] en un encuentro que tendrán en Cartagena el 15 de abril, 3) que Obama dijo que participará en la Cumbre de Empresarios de América del 13 y 14 de abril, 4) que Obama, Santos y Rousseff (presidente del Brasil) harán una mesa redonda en esa reunión de empresarios.

Como parte de la misma nota informativa El Tiempo agregó: 1) los países del grupo regional ALBA pidieron que se invitara a Cuba a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el 14 y 15 de abril en Cartagena, 2) que Estados Unidos no asistirá si Cuba está presente y 3) que Santos tuvo que ir a explicarle personalmente al presidente de Cuba que no estaba invitado.


El mismo día la Casa Blanca, sede de la presidencia de Estados Unidos, expidió un comunicado de prensa sobre el mismo evento en el cual dice lo siguiente: 1) que el presidente Obama habló con el presidente Santos sobre la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el 14 y 15 de abril en Cartagena, 2) que Obama felicitó a Santos por su trabajo como anfitrión, 3) que Obama anticipa una reunión muy productiva en Cartagena, 4) que Obama dijo estar complacido con la decisión de Santos de pedir facultades extraordinarias para reglamentar el cumplimiento del tratado de libre comercio, 5) que Obama insistió en la necesidad de que Colombia no ceje en la implementación de los acuerdos de protección a los trabajadores a que se comprometió en la Casa Blanca en abril de 2011, y 6) que Obama agradeció a Santos su invitación a una discusión bilateral de asuntos de interés para ambos países al final de la Cumbre de las Américas,


La comparación entre los dos textos es ilustrativa de cómo el periodismo colombiano se presta para adular a los poderosos y manipular la opinión pública. Es ilustrativa también de las inseguridades de elite y status de los colombianos influyentes.

El Tiempo pone énfasis en el hecho de que los dos presidentes hablaron y se trataron de igual a igual, como si eso fuera la noticia y no la ocurrencia normal entre jefes de estado. La Casa Blanca pone énfasis en el contenido de la conversación pues objetivamente hablando eso es lo importante. Pero hay diferencias entre los dos textos con respecto al contenido de la conversación:

Según la casa presidencial colombiana Santos es co-estrella de Obama y Rousseff en la Cumbre de Empresarios. La reunión de presidentes, al menos en sentir de El Tiempo al transcribir el comunicado oficial, desaparece de la agenda. En cambio, el comunicado de prensa de la Casa Blanca no habla de la reunión de empresarios ni del co-estrellato de Santos y, en cambio, sí habla de cosas no mencionadas por el periódico colombiano como son las referentes a la legislación reglamentaria del tratado de libre comercio y las políticas de protección de los trabajadores colombianos.

El Tiempo además aprovecha la información sobre la conversación Obama-Santos para introducir sin mayores explicaciones un tema pertinente a las relaciones internacionales de EEUU y Colombia pero ajeno a la construcción de la noticia como es el papel –también estelar- en transmitirle a Cuba el veto de EEUU a su presencia en la reunión de presidentes.

Este pequeño episodio de periodismo trivial es indicativo del tipo de periodismo que está haciendo El Tiempo. Una conversación de rutina entre presidentes no tiene valor noticioso alguno. Lo que tiene valor noticioso es el mensaje que el cubrimiento parcial de esa conversación puede transmitir al público que, en mi opinión, es el siguiente: colombianos, sepan y entiendan que el presidente nuestro se tutea y maneja la agenda de sus conversaciones con el presidente de EEUU. ¿De verdad creen los redactores del periódico que la mayoría de los colombianos nos dejamos manipular así de fácil?


Luis Mejía – 9 de abril de 2012

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