Conflicto Armado, Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia: Un Seminario en Columbia University

Tercera Parte: Crítica de la Conferencia y Barreras No Discutidas a la Ejecución de la Ley de Víctimas

Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la ley de víctimas es una buena ley, no una ley ideal o perfecta. Igualmente estuvieron de acuerdo en que la ley encuentra serios obstáculos y mucha oposición con respecto a su ejecución. La mayoría de ellos consideró que la ley –y el respaldo institucional que tiene en este momento- es el punto de partida pero no una condición suficiente para adelantar un proceso de paz sólido y duradero en las áreas rurales del país.

Hubo, sin embargo, y como era de esperar, temas que no fueron tocados o cuyo análisis quedó incompleto. Quizá el tiempo reservado para este evento fue insuficiente para permitir a todos los panelistas hacer sus presentaciones y comentarios tan razonadamente como hubieran querido y no dio oportunidad a que la participación del público abriera un debate más amplio y profundizara en algunos temas. Solo hubo un período de preguntas y respuestas al final de la primera parte y es apenas justo reconocer que dos de los asistentes que recibieron la palabra malgastaron su tiempo en extensas peroratas erráticas, emocionales, ricas en referencias narcisistas, que obligaron a los panelistas a ser muy creativos en la invención de preguntas que querían responder y a fe que lo lograron como se echa de ver en mi transcripción. No hubo tiempo para preguntas del público al final de la segunda parte.

A mi manera de ver hubo cuatro temas que han debido recibir más atención de los panelistas pues constituyen obstáculos serios para que la ley de víctimas cumpla sus objetivos:1)  las metas específicas de restitución de tierras y reparación de víctimas, 2) los costos de este proceso, 3) la voluntad de las elites económicas del país para aceptar un nuevo paradigma de propiedad rural y relaciones con la mano de obra campesina y 4) la actitud de la población urbana sobre la violencia que afecta a la población rural.

1) Ausencia de metas específicas. La ley de víctimas como la ha presentado el gobierno colombiano es una política de estado y una estrategia de paz que afecta bastas extensiones de territorio, varios millones de personas, grupos opositores en armas y tiempo limitado para poner a andar los mecanismos de aplicación. Hablando de una manera realista, el gobierno solo tiene dos años (los que quedan antes de las próximas elecciones presidenciales) para convertir sus planes en un hecho irreversible. Lo que parece faltarle al gobierno, o al menos lo que no nos informaron sus voceros en esta conferencia, es un plan de acción concreto, algo que diga: en los próximos dos años vamos a restituir tal número de hectáreas despojadas, a tener tal número de campesinos desalojados viviendo en el campo, a tener tal número de oficinas de extensión agraria, escuelas y clínicas populares en las áreas de reinserción, a tener tal número de soldados y policías protegiendo a los que ejercieron el derecho al retorno, a tener tal número de inspectores y auditores independientes controlando la titulación de tierras, el respeto a los derechos de las víctimas y la prestación de servicios por parte de los funcionarios encargados de ello. Extensiones muy grandes del campo colombiano viven una realidad de latifundismo, agroindustria y persecución de campesinos creada por la violencia de los últimos 30 años; la ley de víctimas quiere substituir esa realidad con otra de restauración de derechos a los antiguos ocupantes de la tierra. Esta es una tarea inmensa. Pero no es suficiente con que las agencias encargadas de la ejecución simplemente hagan lo que puedan en la situación que se les presente cada día.

2) Costo del proceso. Críticos de la ley de víctimas han enderezado sus baterías a la carga financiera asumida por el estado para hacerla efectiva. Ellos, por supuesto, aprovechan una distorsión de perspectiva en el tiempo para darle peso a sus argumentos. Es como si asumieran que los millones de desplazados van a retornar al campo, que las agencias encargadas de la limpieza de títulos de propiedad van a procesar todos los predios del despojo, que los servicios de apoyo a los campesinos que han regresado a sus tierras van a estar funcionando en todo el territorio afectado por la violencia, que las comunidades destruidas por la violencia van a reconstituirse de inmediato y simultáneamente. Es una confusión a la que contribuye el gobierno con su falta de planes de acción y metas concretas.

A falta de una revolución integral, los efectos de una violencia vivida durante 30 años se pueden reversar gradual y progresivamente. Muy probablemente, además, de una manera incompleta. El costo de hacerlo se va a repartir sobre un periodo de varios años.

La prioridad en este momento debería ser la de diseñar un proyecto que defina qué extensión de tierra, cuántos desplazados y qué volumen de servicios de apoyo se propone el gobierno cubrir en los próximos dos años y cuánto personal técnico y administrativo será necesario para lograr estos resultados. Una vez hecho esto podremos calcular el costo inicial, proyectar el costo a mediano y largo plazo y evaluar la viabilidad financiera del proyecto. A falta de un proyecto así definido estamos haciendo conjeturas de cuya validez solo estaremos seguros, si alguna tienen, dentro de mucho tiempo.

3) Voluntad política de las elites. En la iniciativa de paz de la administración Uribe resaltan dos estrategias básicas: la intensificación de la guerra contra las guerrillas y la asimilación de los paramilitares en la vida económica y política del país dejando intacto el statu quo demográfico y económico creado por ellos en el campo. Aunque inicialmente el gobierno había anticipado la derrota militar de las guerrillas en el curso de cuatro años, el hecho es que durante ocho de guerra sostenida se logró su repliegue a las montañas donde tenían refugio histórico pero no fueron derrotadas. La supervivencia de las guerrillas por el doble del tiempo –y un poco más- anticipado por el gobierno de Uribe ha debido poner en duda la validez de los presupuestos, presunciones y argumentos ideológicos que justificaban la estrategia oficial. Un manejo hábil de los medios por parte del gobierno ayudado por un manejo torpe  de las realidades políticas por parte de las guerrillas  impidieron que la opinión pública llegara a las conclusiones correctas y la solución militar todavía tiene muchos simpatizantes.

La estrategia de paz con los paramilitares, por su parte, quedó plasmada en la mal llamada ley de justicia y paz que les garantizaba impunidad con respecto a los actos delictivos e inmunidad frente en la posesión de las tierras arrebatadas a otros; a cambio de esto se les pedía comedidamente que depusieran las armas e hicieran confesiones simbólicas de delitos irrelevantes. Aunque la ley no lo dijera, su protección se extendía implícitamente a las elites económicas y políticas que habían sido cómplices de los paramilitares o se habían beneficiado de sus actividades. El propósito de la ley, sin embargo, se frustró porque el gobierno no había logrado un acuerdo entre los distintos sectores de las elites nacionales.

Disensiones dentro de las elites hicieron posible que los magistrados de la corte constitucional y de la corte suprema introdujeran limitaciones a la impunidad e inmunidad ofrecidas en la iniciativa gubernamental. Estas mismas disensiones permitieron que los sectores liberales (que uno quisiera considerar progresistas y demócratas) de las elites impulsaran y aprobaran la ley de víctimas con el propósito de debilitar los sectores conservadores beneficiarios de la ley de justicia y paz.

El reto de las elites nacionales en este momento es desarrollar un compromiso con respecto a las negociaciones con la guerrilla y al manejo de las secuelas demográficas, económicas y políticas de la violencia rural que armonice con las ideas de de desarrollo y progreso de los sectores más fuertes de las mismas, sea aceptable para el resto y tenga el respaldo de la opinión pública popular. Si este compromiso no se logra, la ejecución de la ley de víctimas encontrará barreras infranqueables y lo que en este momento son actos de intimidación y asesinatos selectivos en el campo dará paso a un nuevo ciclo de violencia organizada y desplazamiento masivo de población rural.

4) Apatía política e indiferencia humana de las masas. La opinión pública popular en general no juega un papel activo en este proceso. Históricamente la mayoría de la población votante ha sido indiferente a los antecedentes éticos y profesionales de los candidatos para cargos de elección popular y la mayoría de la población urbana (que es la mayoría de la población en el país) ha sido indiferente a la violencia sufrida por la población rural. Entre las personas elegidas en el 2011 para cuerpos colegiados, gobernaciones y alcaldías figuran muchas personas cuyos antecedentes como delincuentes son de público conocimiento y muchas otras que como parientes o amigos se presentaron en substitución de reos de la justicia que por ley no podían ser elegidos.  Uno esperaría que cubriéndose en el secreto del voto los ciudadanos del común hubieran expresado su rechazo a esos candidatos. Pero no sucedió así, como no ha sucedido en el pasado.

De otra parte, es muy indicativo de las actitudes de la opinión pública considerar el hecho de que más de 32 millones de personas viven en áreas urbanas del país y que VerdadAbierta de la revista Semana, el mayor depósito de información actualizada y confiable de la violencia rural, solo tiene alrededor de 150.000 visitantes al año (Información de María Teresa Ronderos, directora editorial de Verdad Abierta, en conferencia dictada en la New School en NYC en 03-05-2012).

La implicación de esta indiferencia es que deja sin respaldo popular y electoral las políticas gubernamentales de alivio a las víctimas de la violencia y sin sanción moral (y electoral) a los victimarios. En esto, por supuesto, las mayorías populares juegan en las manos de las elites como se echa de ver, por ejemplo, en la reacción moderada, indiferente por parte del gobierno nacional, sin afrentas ni propaganda antigobiernista por parte de la oposición, frente al asesinato del líder sindicalista Daniel Aguirre –al que se refirió el panelista Aldo Civico- y la reacción masiva, enérgica por parte del gobierno nacional, con serias acusaciones de negligencia gubernamental por parte de algunos comentaristas opositores, casi histérica en algunos sectores políticos, frente al atentado contra la vida de Fernando Londoño. Ambos eventos merecen censura moral y castigo legal pues son violaciones a derechos fundamentales del ciudadano colombiano, pero la desproporción entre uno y otro caso indica una distorsión en las prioridades y valores de los colombianos y sus dirigentes. Por supuesto que algunos de nosotros condenamos TODA forma de violencia, fuere quien fuera la víctima, pero somos muy pocos y nos oye muy poca gente de manera que no tenemos impacto en las prácticas y criterios morales de los colombianos.

Para resumir, es difícil exagerar la importancia de esta ley. Desde diferentes puntos de vista, sociológico, político, económico, legal, si se logra ejecutar una mínima parte de esta ley se establecería una situación irreversible y se le daría momentum a un proceso de cambio social y político en el país. Corresponde a sociólogos y politólogos hacer un estimado de este mínimo necesario para crear hechos permanentes en el campo. La pregunta para ellos es: ¿sería necesario restituir, por ejemplo, un 20% o 25% de las propiedades rurales a sus antiguos ocupantes o reintegrar a la economía agrícola un 20% o 25% de la población desalojada para presentar a las elites beneficiarias y cómplices de la violencia un hecho cumplido al que ya no le pueden echar reversa?  Si se falla en este empeño estamos condenados a ver impotentes cómo los colombianos capaces de armarse y matar a sus conciudadanos para proteger y avanzar sus intereses continuarán haciéndolo impunemente.

Luis Mejía – 19 de mayo de 2012

Publicado en blogluismejia.blogspot.com