La historia reciente de Colombia ha sido muy cruel con las elites políticas y económicas. Y digo que ha sido cruel porque es como si la historia fuera un sastre que de súbito hubiera corrido las cortinas del cuarto donde se probaban los trajes de ceremonia y circunstancia y las hubiera exhibido en el estado en que llegaron al mundo y en el que lo van a abandonar. Y esa crueldad de la historia se extiende a los apologistas de las elites que han de usar su fantasía, y solo su fantasía, para restaurarles un poco de dignidad y decencia. Y al obligarlos a usar su fantasía los deja desvestidos de hechos, pensamiento objetivo, inteligencia crítica y autoridad moral.
Las elites y la simbiosis con paramilitares y guerrilleros
La violencia que ha convulsionado a Colombia en la última generación es susceptible de interpretaciones encontradas. En mi opinión los estudiosos del tema no han hecho suficiente énfasis en el papel de las clases dirigentes como administradoras de los procesos de gestación, orientación, mantenimiento y supresión de la violencia.
A la vuelta del siglo 21 las elites habían llevado a Colombia a una crisis que parecía insoluble. Desde los años sesenta del siglo veinte grupos guerrilleros habían estado en guerra abierta con el estado. Desde los años ochenta grupos paramilitares habían estado en guerra solapada con el estado. Tanto guerrilleros como paramilitares se proponían crear un nuevo estado. Los primeros se decían aliados de obreros y campesinos, los segundos se declaraban aliados de las elites que controlaban los mecanismos de poder. El estado como tal parecía incapaz o renuente a derrotar a unos y otros. Fuera incapacidad o fuera renuencia, que en mi opinión fue esta, es cosa que apenas comienza a dilucidarse a medida que historiadores y cronistas documentan el interés que las elites económicas tuvieron en una dinámica rural favorable a la creación de latifundios y la expansión de empresas agroindustriales, el que tuvieron las elites políticas en eliminar cualquier rastro de influencia de los campesinos en el manejo del país y el que, a su turno, tuvieron las fuerzas armadas en preservar un estado de cosas que les garantizaba una porción importante del presupuesto nacional para gastar sin auditoría de las autoridades civiles.
Multiplicación de guerrilleros y paramilitares
A finales de los años noventa del siglo pasado y principios del siglo veintiuno los guerrilleros habían expandido la zona de guerra de las áreas rurales y remotas donde operaban inicialmente a las zonas urbanas y las carreteras principales. Los paramilitares, que habían empezado como pequeños grupos armados, aislados, sedicentes encargados de proteger a los propietarios de fincas grandes y medianas de la expoliación guerrillera, se habían convertido en ejércitos poderosos coordinados en su mayor parte por un comando colegiado que empezaba a desarrollar la ambición de controlar el estado. Aunque teóricamente en guerra mutua, tanto guerrilleros como paramilitares habían crecido paralela y simultáneamente y tenían presencia en todo el país aunque las líneas que separaban los territorios controlados por cada cual variaban día a día, se financiaban de las mismas fuentes –participación en el narcotráfico, secuestros, chantajes y robos a empresarios y hacendados, robos a las agencias locales del estado-, cometían los mismos crímenes atroces contra la población civil y forzaban los mismos desplazamientos de los campesinos ocupantes de las tierras codiciadas por los combatientes o, en el caso de los paramilitares, por sus financiadores y simpatizantes de las elites políticas y económicas.
Teorías de defensa de guerrilleros y paramilitares
Inicialmente algunas organizaciones defensoras de derechos humanos enfatizaron la crítica de los crímenes cometidos por los paramilitares con tres argumentos: 1) los paramilitares actuaban como agentes del estado y en consecuencia estaban sujetos a los tratados de derecho internacional y respeto a los derechos humanos que había suscrito el gobierno colombiano, cosas a las que no estaban sujetos los guerrilleros por no ser estado, 2) los actos ilegales de los paramilitares eran crímenes de lesa humanidad mientras que los de los guerrilleros eran delitos políticos, y 3) los crímenes de los paramilitares eran más numerosos y más horrendos que los de los guerrilleros. Esta actitud, equivocada desde el punto de vista moral y político, fue fatal para el movimiento de derechos humanos pues aunque minoritaria dio lugar a una campaña de desprestigio contra la misma idea de los derechos humanos. A la larga dio pie a que bajo la dirección del presidente Uribe se reversaran los papeles, se enfatizaran los crímenes de los guerrilleros y se justificara la existencia de los paramilitares como un movimiento de autodefensa civil hecho necesario por la ausencia del estado. En este escenario las agencias de policía y administración de justicia no tuvieron el poder suficiente para proteger la vida, libertad y propiedad de los habitantes de las zonas afectadas por las guerrillas; en consecuencia, esos habitantes tuvieron que actuar en defensa propia y conseguir quien los protegiera.
Los testimonios de prensa coetáneos a los hechos y las pruebas históricas y judiciales que se han acumulado desde el año 2006 han mostrado de manera incontrovertible la falacia de este argumento. En los territorios controlados por guerrilleros y paramilitares estaba presente el estado en alcaldías, juzgados municipales, notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos, comandos regionales de policía y ejército, candidatos y miembros elegidos de cuerpos colegiados locales y nacionales y terratenientes con acceso e influencia en las agencias departamentales y nacionales de gobierno. Lo que no había, y eso hay que decirlo claro y fuerte, era la voluntad de las elites de hacer efectiva la presencia del estado y de imponer el monopolio del poder público en esos territorios. Lo que indica la redistribución de la propiedad rural ocurrida en los últimos 30 años –aproximadamente- es que las elites habían implementado una política de ausencia del estado mientras conducían una guerra de clases tendiente a engrandecer y consolidar las propiedades de los terratenientes y políticos más poderosos y a eliminar los derechos de propiedad de los terratenientes medianos y pequeños, de los colonos no titulados y de las comunidades agrarias con títulos colectivos sobre la tierra. Por supuesto que esto no fue un proceso linear ni libre de costos para las elites pues los procesos sociales no suceden así y de hecho algunos de sus miembros perdieron la vida o el patrimonio.
Las elites rompen con paramilitares y guerrilleros
En el año 2002 fue elegido presidente Alvaro Uribe Vélez con una plataforma de guerra a muerte a las guerrillas, eliminación de la corrupción imperante en el manejo de los recursos públicos y modernización del estado sobre políticas de desarrollo social benéfico para todas las clases sociales y una burocracia escogida por méritos y competencia técnica. En retrospectiva parece justificado decir que con su elección un sector importante de las elites había tomado la decisión de introducir el estado en las áreas de conflicto para consolidar sus ganancias territoriales e ideológicas y por eso del 2002 al 2010 el gobierno se concentró en la guerra contra las guerrillas –la que no ganó pues todo lo que obtuvo fue que hicieran un repliegue táctico hacia las áreas remotas de donde habían salido- y en el desarrollo económico pro-empresarial sin beneficio para el trabajador asalariado, urbano o rural. La profesionalización de la burocracia y la lucha contra la corrupción desaparecieron de la agenda de gobierno.
Durante la administración de Andrés Pastrana las elites prepararon al estado para tomar la iniciativa contra las guerrillas. El llamado Plan Colombia y los impuestos de destinación específica para financiar la guerra habían puesto al ejército en pie de ataque. A la administración Uribe solo le quedaba dar la orden de movilización. Lo que hizo, al mismo tiempo que ponía en juego un plan para desmovilizar a los paramilitares con negociaciones de armisticio y legislación que les garantizara impunidad por los actos de violencia e inmunidad contra los reclamantes de las tierras que sus comandantes expropiaron para sí o para otros.
La estrategia de la administración Uribe de intensificar la guerra contra las guerrillas y negociar con los paramilitares tuvo el efecto casi inmediato de eliminar la presencia de ambos actores armados en las carreteras principales del país, con lo cual desapareció una incomodidad personal para los viajeros y un obstáculo para la actividad económica. Tan importante fue este efecto que muchos colombianos consideran hoy en día que solo por él se validan y justifican todas las acciones, acertadas y desacertadas, legales e ilegales, morales e inmorales, atribuibles al presidente Uribe y sus agentes durante los ocho años de su gobierno.
Estrategia de inserción paramilitar en la normalidad institucional
En su estrategia de negociación con los paramiltares el gobierno contaba con el respaldo de un grupo grande de congresistas que habían sido elegidos con ayuda de estos y cuya identificación con sus acciones y mentalidad se hizo patente cuando invitaron a sus comandantes a hablar ante una sesión conjunta del congreso, donde fueron recibidos con una “standing ovation” como dicen los ingleses. El gobierno mismo mantenía relaciones con los comandantes paramilitares a través de un enviado que para todos los efectos prácticos tenía la dignidad y desplegaba la parafernalia de un embajador plenipotenciario ante un soberano par de Colombia. El gobierno también tuvo en altos cargos de la administración a individuos que colaboraban activamente con los comandantes paramilitares quienes, considerando todas las circunstancias, podían sentirse justificados si creían que el estado y las elites estaban de su parte.
Disensiones dentro de las elites
Las elites, sin embargo, no habían desarrollado un consenso sobre la impunidad y la inmunidad ofrecidas a los paramilitares por el gobierno. El presidente Uribe, generalmente hábil en reconocer y remover obstáculos por adelantado, no anticipó la oposición que sus iniciativas pro-paramilitares encontrarían en sectores de las elites, ni la alianza que esos sectores harían con las fuerzas populares y las organizaciones de víctimas, ni el respaldo que indirectamente les darían los Estados Unidos con su guerra contra las drogas. En mayo de 2006 la Corte Constitucional revisó la ley 975 de 2005, mal llamada de Justicia y Paz y que mejor hubiera podido conocerse como de perdón y olvido, con la que el gobierno quería formalizar su estrategia de inserción de los comandantes paramilitares en la vida institucional del país, e introdujo serias limitaciones a su aplicación, en la práctica eliminando la impunidad e inmunidad que se les había prometido. Simultáneamente el gobierno de los Estados Unidos empezó a reclamar el derecho a juzgar a los comandantes paramilitares activos en el tráfico de drogas.
Ello dio al traste con la estrategia del gobierno. Impedido legalmente para dar a los paramilitares la impunidad e inmunidad que esperaban, el gobierno tuvo que improvisar una estrategia de prevención de daños para impedir que los comandantes tomaran represalias contra sus aliados en las elites. Empezó por aislarlos en una cárcel de mínima seguridad, lo que no tuvo efecto pues los comandantes comenzaron a hablar de sus cómplices en la elite política. Para aumentar la presión el gobierno entregó a los Estados Unidos a algunos de los comandantes que habían doblado de narcotraficantes, pero los que quedaron se negaron a guardar silencio de manera que para removerlos de la escena entregó a la mayoría. Dándose cuenta de la debilidad del gobierno en este campo los sectores desafectos de las elites actuaron por medio de sus representantes en las altas cortes del país y en el mismo año 2006 empezaron las investigaciones contra los políticos asociados con los paramilitares; al mismo tiempo los medios de comunicación de masas le dieron más importancia a las informaciones sobre los crímenes del paramilitarismo y sus aliados. Perdiendo los estribos, e incapaz de entender que tanto en el poder que recibió como en el que le quitaron fue agente de las elites políticas y económicas, el presidente Uribe emprendió una cruzada personal de desprestigio contra las Cortes y los medios para castigarlos por haberle impedido ejecutar su política de perdón y olvido a favor de los paramilitares y de los sectores de las elites que estuvieron con ellos. Han pasado seis años y las Cortes todavía están juzgando a los paramilitares y a sus socios de las elites políticas por los crímenes que cometieron y han comenzado con inmensa parsimonia a investigar a la elite económica por su participación en esos eventos.
Verdad histórica, “agitprop” y protección de la imagen de las elites
Ante esta situación los publicistas, apologistas y defensores oficiosos de las elites han tenido que trabajar diligentemente en cambiar los hechos históricos a fin de restaurar la apariencia de legitimidad moral que valida la posición dominante de las mismas. Difícil empeño. Pero eso no ha desanimado a individuos como Julio Sánchez Cristo de la W Radio, ni a Juan Paz del diario medellinense El Mundo, ni a otros como ellos que cierran los ojos y guardan silencio frente a los crímenes y traiciones a la nación de los sectores derechistas de las elites y abren bien los ojos y sueltan la lengua frente a los de los sectores progresistas o menos extremistas. Sánchez y Paz, que son emblemáticos de los colombianos que se empeñan en dar lustre y honor a nuestras elites contaminadas de paramilitarismo, se afanan en denunciar, condenar y desprestigiar, a los críticos de las mismas aunque para ello tengan que ignorar, olvidar, enmendar, distorsionar y falsificar el registro histórico que por su profesión de periodistas bien conocen.
Acallando a los críticos: reencarnación del inquisidor
La “agitprop” adelantada por los simpatizantes de los sectores derechistas de las elites recuerda a los inquisidores encargados de callar a Galileo. Esos inquisidores eran empleados de una elite ignorante, incompetente e inmoral y su papel era declarar falso y absurdo todo lo que pudiera debilitarla. Como empleados, no eran pagados para que pensaran por sí mismos, evaluaran los hechos, sopesaran las pruebas y dieran la razón a quien la tuviera, como tampoco lo son Julio Sánchez Cristo y Juan Paz.
Se me ocurrieron estas cosas cuando leí que un magistrado de nombre Néstor Raúl Correa dijo a principios de marzo de este año que durante la administración Uribe los paramilitares tomaron mucho vuelo y que si no hubiera sido por la intervención de las Cortes un comandante paraco hubiera sido nombrado ministro de cultura y otro de educación.
Paramilitares en el gabinete presidencial: ¿conjetura descabellada?
La conjetura del magistrado Correa no es descabellada. Recordemos que para el legislador gobiernista del 2005 uno de los propósitos de la ley 975 era legitimar el status quo creado por los comandantes paramilitares y convertirlos en actores políticos. Recordemos también que el mismo presidente Uribe durante su primera campaña para la presidencia participó en eventos públicos con reconocidos paramilitares y ya presidente nombró en altos cargos del estado a amigos y colaboradores de los paramilitares y los defendió aguerridamente cuando las Cortes comenzaron a investigarlos por su participación en crímenes de sangre. Los críticos del magistrado pasan maliciosamente por encima de estos hechos, que no son ni falsos ni absurdos, y exigen de él una retractación que quizá en su imaginación a sueldo nos daría a los colombianos la oportunidad de volver a vivir la historia sin los eventos que desprestigian a nuestras elites.
El magistrado Correa se sometió a una entrevista radial en la que bajo la presión del periodista Sánchez -quien actuaba como vocero de las elites políticas más desprestigiadas- retiró lo que había dicho sobre la posibilidad de que paramilitares hubieran podido ser ministros y mantuvo su opinión en todo lo relacionado con el papel que las Cortes jugaron en neutralizar la política de impunidad patrocinada por el gobierno de la época.
Inquisidores: ¿hoplitas o ilotas de las elites?
La siguiente nota periodística de Juan Paz en la edición del domingo 25 de marzo del diario El Mundo de Medellín en la cual cita a Julio Sánchez Cristo es un ejemplo antológico de los excesos de “agitprop” en que incurren los apologistas de las elites ultra-derechistas y me trae a la memoria la sentencia inquisitorial y la abjuración de Galileo.
Dice Juan Paz:
No cayó bien
Para algunos magistrados de las altas cortes, con quienes Juan Paz pudo dialogar, no le fue bien a su colega del Consejo Superior de la Judicatura, el antioqueño Néstor Raúl Correa, cuando dijo en un acto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismo que lo eligió, que si no hubiera sido porque el alto tribunal investigó la “parapolítica”, muy seguramente Mancuso sería el ministro de Cultura y “Jorge 40” el de Educación. Al día siguiente, en una verdadera encerrona periodística, Julio Sánchez Cristo puso contra las cuerdas a Correa, quien no tuvo más remedio que rectificar, aceptar que se había equivocado y retirar sus palabras.
Dicen los inquisidores que juzgaron a Galileo:
[…] por mandato de Su Santidad y de los eminentísimos señores cardenales de esta suprema y universal Inquisición, los calificadores teológicos calificaron del modo siguiente las dos proposiciones referentes a la estabilidad del Sol y al movimiento de la Tierra:
La proposición de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente, y formalmente herética, porque contradice expresamente las Sagradas Escrituras.
La proposición de que la Tierra no es el centro del mundo y no está inmóvil, sino que se mueve, y también con un movimiento diario, es igualmente absurdo y falsa en cuanto filosofía, y desde el punto de vista de la verdad teológica, es, por lo menos, errónea en la fe. (...)
.... decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, el dicho Galileo, en razón de las cuestiones aducidas en el juicio y de lo que confesaste antes, te has hecho, ante el juicio de este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía.
La proposición de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente, y formalmente herética, porque contradice expresamente las Sagradas Escrituras.
La proposición de que la Tierra no es el centro del mundo y no está inmóvil, sino que se mueve, y también con un movimiento diario, es igualmente absurdo y falsa en cuanto filosofía, y desde el punto de vista de la verdad teológica, es, por lo menos, errónea en la fe. (...)
.... decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, el dicho Galileo, en razón de las cuestiones aducidas en el juicio y de lo que confesaste antes, te has hecho, ante el juicio de este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía.
Y dice Galileo:
Abjuración de Galileo, 22 de junio de 1633:
"Yo, Galileo Galileo […] abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías mencionados, y en general, todo error y sectarismo contrario a la Sagrada Iglesia; y juro que nunca más en el porvenir diré o afirmaré nada, verbalmente o por escrito, que pueda dar lugar a una sospecha similar contra mí; asimismo, si supiese de algún hereje o de alguien sospechoso de herejía, lo denunciaré a este Santo Oficio o al inquisidor y ordinario del lugar en que pueda encontrarme…”
Termino esta nota rogando a los dioses de la patria que nos protejan de inquisidores como los periodistas de la W Radio y de El Mundo y de otros, más poderosos, que nos impidan juzgar como debemos a las elites que tan mal han dirigido los destinos del país y que con tan poco juicio han escogido a los gobernantes encargados de representarlos e implementar sus planes para nuestro futuro.
Luis Mejía – 9 de abril de 2012
Publicado en blogluismejia.blogspot.com
No me parece que se pueda echar en el mismo saco a la guerrilla y a los paramilitares.
ReplyDeleteLos paras, con esa alianza macabra que tuvieron con las fuerzas armadas, los gobernantes de turno, los terratenientes y ganaderos, etc., capturaron el Estado desde la base hasta la cima, pero además se apropiaron de todos los contratos del Estado y desplazaron multitud de campesinos a los que les quitaron sus tierras. Hicieron masacres terribles sin descanso y sin piedad. En realidad que perdieron todo resquicio humanidad. En sus manos la motosierra segó muchas vidas en medio de pavorosas torturas. Por ejemplo, un ahijado mío, arquitecto, fue una de las víctimas de Trujillo-Valle. Y el magistrado Correa tiene toda la razón o si no a quién le entregaron el Instituto de Estupefacientes, el DAS, embajadas, etc.
La guerrilla, por su parte, no se corrompió tanto porque no tuvo acceso a los centros de poder. En un proceso tan largo como el de la existencia de la guerrilla, durante el cual el narcotráfico permeó todos los estratos, los guerrilleros no fueron la excepción a esa penetración. Pero, por supuesto, también han hecho mucho daño y lo peor es que
mientras haya esa terrible desigualdad y los más altos niveles de pobreza, existirá guerrilla, también como un medio de subsistencia.
Me gustan mucho tus comentarios, apreciado lector o lectora, y los aprovecho para ampliar mis hipótesis de interpretación de la violencia colombiana.
DeleteYo echo en el mismo saco a guerrilleros y paracos porque hablo desde el punto de vista de las víctimas. A uno no le importa si lo mata un guerrillero o un paraco porque el resultado es el mismo. A veces, durante el gobierno de Uribe, los defensores de unos y otros parecían creer que uno quedaba medio muerto si era víctima de unos y quedaba muerto y medio si era víctima de otros. Tampoco le importa a uno quien lo secuestra ni quien lo chantajea. Por eso digo que distinguirlos porque los crímenes de los unos son menos numerosos o menos horrorosos que los de los otros es equivocado moral y políticamente.
Posiblemente hay una diferencia legal que fue la que trató de consolidar Alvaro Uribe con su tesis de que los paracos se estaban sometiendo al gobierno y de que los guerrilleros eran terroristas, pero esa diferencia es importante para los que hagan las negociaciones de amnistía e inserción en la vida civil. Para las víctimas y los activistas de derechos humanos esa diferencia es irrelevante y la actitud que yo vengo proponiendo desde antes de que Uribe fuera presidente es la de ¡¡¡Uchi con todos los marranos!!!!
Los guerrilleros también trataron de capturar el estado y lo lograron en menor medida que los paracos. Pero ya se sabe que en áreas de los Llanos y el Caquetá impusieron alcaldes y concejales y se apoderaron de los contratos con las administraciones locales. El hecho de que lo hicieran indica identidad que tenían las mismas conductas que los paracos. El hecho de que no tuvieran tanto éxito como los paracos indica que no estaban ganando la guerra. Igual paso con el desplazamiento de campesinos y con el despojo de tierras en el que los guerrilleros también hicieron su aporte.
El crimen de Trujillo, Valle, es atroz. Yo me identifico contigo en rechazarlo y pedir justicia contra los autores materiales. Un amigo mío psiquiatra trabajaba con la Defensoría del Pueblo en esa época. Le tocó ayudar a hacer la investigación de esa masacre. Todavía tiene pesadillas con lo que supo. Además, por documentar lo que documentó le hicieron un atentado que mató a su amante y lo obligó a él a salir de Colombia.
Yo para nada creo que los paracos fueran mejores personas que los guerrilleros, o viceversa. Mi tesis es que ambos fueron agentes de las elites políticas y económicas y cometieron crímenes que las beneficiaron. Si alguna cosa hace ver peor a las guerrillas es que hace mucho tiempo debieron darse cuenta de que las elites que ellos combatían no estaban sufriendo daño con sus acciones de guerra sino que se estaban beneficiando de ellas.
Claro que mientras haya el grado de injusticia social y las diferencias de clases que caracterizan la historia y la sociedad colombianas va a haber guerrillas, como también va a haber paracos, BACRIM, sicarios y funcionarios ladrones y cómplices de robos al erario. En otras palabras, hay en Colombia una cultura de violencia que nace y se alimenta de los desequilibrios económicos dentro de la sociedad, de la falta de movilidad social impulsada por el trabajo honesto, de la injusticia implícita en el hecho de que la propiedad privada de los pobres y los débiles recibe menos protección del estado (y de la opinión pública) que la propiedad privada de los poderosos y del disgusto que causa la impunidad con que las elites abusan sus privilegios.
Luis Javier
Desde el punto de vista de las víctimas, estoy de acuerdo contigo y lo más triste y desesperanzador es que en este país no se vislumbra una salida digna para las grandes mayorías.
DeleteSus apreciaciones en el artículo ECONOMÍA DE CONFLICTOS INTERNOS me parecen acertadas, salvo en un aspecto: En su criterio, las organizaciones de derechos humanos incurren en un error al considerar que son más graves los delitos de los paramilitares que los delitos de los guerrilleros, tesis que usted considera equivocada desde el punto moral o político. Yo me permito disentir, porque basta una sola consideración : PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS. Usted y yo sabemos que la vida es el bien jurídico mayormente tutelado por el Derecho, porque su titular es el hombre que es el centro del universo. Si repasamos los acontecimientos, los hechos probados, los hallazgos, los indicios, las investigaciones en curso, las denuncias no investigadas, los resultados atribuibles a los paramilitares en pérdidas de vidas humanas pueden centuplicar los muertos por culpa de las FARC.
ReplyDeleteTanto paramilitares como guerrilla se nutren del narcotráfico que es el combustible de la guerra. Pero alguien dijo algún día con sobrada razón: NO ES LO MISMO HACER LA GUERRA PARA TRAFICAR, QUE TRAFICAR PARA HACER LA GUERRA. La guerrilla trafica para hacer la guerra. Esto es, para sostener una tropa y conseguir armas se necesitan recursos. Talvez en este momento usted me va a tildar de guerrillera como algunas personas de mi entorno. En este punto afirmo que disiento de manera radical de los métodos de la guerrilla. El narcotráfico me resulta nauseabundo y el secuestro me paraliza. Condeno de manera fehaciente los medios utilizados por la guerrilla, pero reafirmo mi convicción de que las condiciones miserables de vida impuesta impuestas por el sistema político corrupto y empotrado en el poder desde siempre, dieron lugar al surgimiento de la misma.
Además, considero que los guerrilleros son delincuentes políticos. Acaso delincuente político no es el que busca un cambio de sistema político? Que sigan los gobernantes haciendo el ridículo al decir día a día que la guerrilla está acorralada, que está dando sus últimos coletazos, que está en los últimos estertores, mientras ésta se fortalece. Que siga soñando el Mesías que va a retornar al trono solo atribuyendo todos los errores al actual presidente, cuando él en 8 años no pudo cumplir esta promesa a los colombianos. Es más: La guerrilla viene tomando nuevos bríos desde 2008, esto es, 2 años antes de que terminara el reinado del Mesías.
Mi convicción personal es ésta: El Estado Colombiano siempre ha sido un Estado fallido. Esta república bananera carga con la vergüenza de ser uno de los países más injustos y con más concentración de riqueza, signos inequívocos de atraso. Este país es uno de los más violentos de la tierra. Por lo tanto, la guerrilla es apenas un producto natural de las condiciones de vida de sus gentes. Lo realmente lamentable es que los dirigentes nos quieran engañar diciendo que someterán a la guerrilla por la convicción o por la fuerza, cuando la única posibilidad de que prospere una negociación es que le den la opción a la guerrilla de convertirse en un movimiento político.