Estado, elites, poblaciones y
empresas mineras en América Latina
Recomendaciones de los expertos académicos
Recomendaciones de los expertos académicos
La Universidad Externado de Colombia, mi alma mater, ha cumplido 130
años de su fundación y para celebrarlo ha publicado esta semana un estudio
exhaustivo de la minería en Colombia. Son tres tomos divididos en 64 capítulos.
Participaron en su redacción 93 expertos calificados en las ciencias
relacionadas con la industria.
El rector de la Universidad, abogado Juan Carlos Henao, al presentar la
obra ha hecho referencia a temas que trascienden el ámbito colombiano y son
válidos en otros países con oportunidades y retos similares.
El profesor Henao recomienda “resolver la tensión entre minería y medio
ambiente para garantizar una sostenibilidad para las generaciones futuras” y entre
los puntos que recomienda para formular una política minera favorable al
desarrollo menciona:
1. Armonizar las decisiones mineras nacionales y locales;
2. Integrar a las comunidades afectadas por la minería en las decisiones
sobre impacto ambiental;
3. Identificar las áreas geográficas claves para la salud del medio
ambiente donde no se deben permitir actividades mineras;
4. Acabar con la minería ilegal y criminal;
5. Dar apoyo técnico a la minera artesanal legítima para aminorar el
impacto ambiental negativo;
6. Crear mecanismos internacionales de protección a la minería certificada
legalmente para eliminar el respaldo de los mercados a la minería destructiva.
La contribución del Externado de Colombia al estudio de la minería llega
en un momento en que se discute el papel crítico de esta industria para el
futuro de la América Latina y del resto del mundo subdesarrollado.
Tipos de operación minera
De otro lado tenemos pequeñas operaciones artesanales tradicionales y la minería que opera al margen de la ley sea por pequeños mineros espontáneos o por empresarios con capital suficiente para adquirir equipos y maquinaria básicos para la explotación de arenas fluviales y vetas superficiales.
Popularmente se considera que la minería artesanal es incuestionablemente beneficiosa para las poblaciones que la practican y para el medio ambiente que sufre mínimas alteraciones.
La gran minería es presentada por sus beneficiarios e impulsadores como beneficiosa para la economía y las poblaciones locales y respetuosa del medio ambiente.
Pero estas generalizaciones no tienen soporte en la realidad.
En cuanto a la minería ilegal de capacidad intermedia la evidencia apunta a que tiene un impacto desastroso e irreversible en las poblaciones locales y el medio ambiente.
Conflicto social minero y mediación estatal
Independientemente del tamaño de
la operación las actividades mineras llevan consigo el potencial de conflicto entre
las clases dirigentes que las respaldan y el resto de los habitantes del país así
como entre las empresas mineras y las poblaciones locales.
Estos conflictos aparecen porque los intereses empresariales y los intereses sociales no coinciden.
Teóricamente sería el estado el encargado de mediar estos conflictos y asegurar que haya un balance en los costos y beneficios que corresponden a los empresarios y los que corresponden a la sociedad.
Estos conflictos aparecen porque los intereses empresariales y los intereses sociales no coinciden.
Teóricamente sería el estado el encargado de mediar estos conflictos y asegurar que haya un balance en los costos y beneficios que corresponden a los empresarios y los que corresponden a la sociedad.
Sin embargo, el estado no puede
cumplir la tarea de mediador eficientemente cuando carece del poder físico o de
la autoridad moral para hacer cumplir sus decisiones.
En América Latina con frecuencia el poder físico del estado solo tiene presencia en partes del territorio y de la economía, sea por la debilidad de sus instituciones, sea por la incompetencia y venalidad de la clase dirigente que no lo deja operar eficientemente.
Tampoco tiene autoridad moral cuando la población en general no lo considera neutral o al menos bien intencionado en el manejo de conflictos sociales sino que percibe sus acciones como sesgadas en pro de individuos y grupos nacionales y extranjeros que tienen acceso privilegiado a quienes toman decisiones.
Dos de los factores que más debilitan la autoridad moral del estado son:
1) la puerta giratoria que usan los miembros de la elite para circular entre las altas posiciones del estado y de la empresa privada, de manera que un día toman decisiones a nombre del estado y al siguiente las implementan en beneficio propio y
2) la corrupción de los empleados públicos que ajustan sus tareas a la conveniencia de quien los soborne o de quien reciban órdenes, les ayude a mantenerse en el cargo o les prometa empleo en el futuro.
En América Latina con frecuencia el poder físico del estado solo tiene presencia en partes del territorio y de la economía, sea por la debilidad de sus instituciones, sea por la incompetencia y venalidad de la clase dirigente que no lo deja operar eficientemente.
Tampoco tiene autoridad moral cuando la población en general no lo considera neutral o al menos bien intencionado en el manejo de conflictos sociales sino que percibe sus acciones como sesgadas en pro de individuos y grupos nacionales y extranjeros que tienen acceso privilegiado a quienes toman decisiones.
Dos de los factores que más debilitan la autoridad moral del estado son:
1) la puerta giratoria que usan los miembros de la elite para circular entre las altas posiciones del estado y de la empresa privada, de manera que un día toman decisiones a nombre del estado y al siguiente las implementan en beneficio propio y
2) la corrupción de los empleados públicos que ajustan sus tareas a la conveniencia de quien los soborne o de quien reciban órdenes, les ayude a mantenerse en el cargo o les prometa empleo en el futuro.
La debilidad del poder físico y moral
del estado, la urgencia de atender a las necesidades de la población y la compulsión
de las empresas a incrementar capital y ganancias hacen que la minería en
América Latina sea una mezcla de éxitos y fracasos, de pérdidas mayores para
los inversionistas y de destrucción irreversible del medio ambiente, de
creación de riqueza, generación de ingresos para las naciones y las comunidades
y multiplicación de las oportunidades para robar o desperdiciar recursos a
nivel nacional y local.
A pesar de la ineficiencia del
estado y el conflicto de intereses privados y sociales la minería es una
actividad económica que no se puede eliminar de los planes de desarrollo económico
de los países latinoamericanos.
Aciertos y vacíos en el cubrimiento periodístico de la
minería latinoamericana
La revista británica de negocios
The Economist ha publicado un reportaje especial sobre la minería en la región.
Toma como referencia al Perú y extiende sus comentarios al norte y sur del subcontinente según convenga para ilustrar el tema.
En un estilo periodístico ágil y accesible al lector no especializado, la revista relaciona temas de importancia. Estos son los aciertos:
Toma como referencia al Perú y extiende sus comentarios al norte y sur del subcontinente según convenga para ilustrar el tema.
En un estilo periodístico ágil y accesible al lector no especializado, la revista relaciona temas de importancia. Estos son los aciertos:
1. La
generación de empleos y el estímulo a la creación de empresas de servicios y
suministros alrededor de las minas;
2. La
generación de divisas resultantes del capital extranjero invertido en el
desarrollo y explotación de las minas y de los ingresos derivados de la
exportación de los minerales extraídos;
3. La aplicación
de la riqueza generada por las mineras para impulsar el desarrollo económico y
reducir la pobreza;
4. La distribución
entre las empresas, la nación y las comunidades locales de los beneficios generados y los costos incurridos
por las actividades mineras;
5. Los
conflictos sociales relacionados con el uso y pureza de las aguas y los suelos
adyacentes a las minas, con el valor de las tierras cultivables afectadas por
la actividad minera y con el impacto negativo en las actividades económicas
tradicionales en la región;
6. El
costo en vidas de las poblaciones en conflicto con las mineras y de la policía
encargada de proteger los intereses de estas;
7. Las
pérdidas de capital y utilidades de las compañías mineras cuyas operaciones son
interrumpidas o terminadas por acción popular;
8. La
necesidad de armonizar los intereses de las empresas mineras con los del país,
la región y las poblaciones afectadas por una operación minera;
9. El
riesgo de corrupción entre las comunidades locales beneficiadas por impuestos a
la explotación minera;
10.La tendencia a que las empresas mineras acepten en parte
responsabilidades ambientales y sociales que no aceptaban en el pasado;
11. El desplazamiento de responsabilidades del estado a
las mineras, en especial con respecto a servicios públicos como educación,
salud y la provisión de agua potable;
12. Los avances legales que han visto el establecimiento
de estudios de impacto ambiental y consulta de comunidades autóctonas como
condición para aprobar grandes proyectos mineros;
13. La necesidad de hacer uso juicioso de las riquezas
generadas durante la bonanza en anticipación del agotamiento de vetas y caída de
precios.
Sin embargo, la revista en el cubrimiento periodístico no menciona otros aspectos igualmente
importantes que son:
1. El nivel de ganancias para los inversionistas y la banca que financia los proyectos;
2. Las ventajas
estratégicas para los países de origen de los inversionistas que aseguran el
suministro de minerales necesarios para su bienestar económico;
3. El
impacto en la cultura y forma de vida de las poblaciones
cercanas a explotaciones mineras;
4. La
pérdida de confianza de la sociedad en los gobiernos y las clases dirigentes porque sus
actividades son percibidas como indebidamente favorables a las mineras;
5. El alto riesgo de corrupción de la clase dirigente empeñada en facilitar o
consolidar proyectos mineros;
6. El
debilitamiento del estado cuando las poblaciones dependen de servicios públicos
prestados por las mineras;
7. La
limitada transferencia de conocimientos, tecnología y habilidades
administrativas a las comunidades cercanas a la explotación minera;
8. La minería ilegal en el continente, del río Grande hasta la
Patagonia, que indica la existencia de estados incapaces de imponer la ley a los grandes consorcios internacionales;
9. La incapacidad
de los estados de imponer la ley a los mineros ilegales que pone en duda su poder para controlar a las grandes corporaciones multinacionales;
10. El potencial impacto de las cláusulas de protección de inversiones extranjeras incluídas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) cuando por oposición popular o para proteger puntos críticos del medio ambiente se de por terminado un proyecto.
A continuación la tradución que he hecho del artículo del Economist.
La minería en América Latina: Cooperación en lugar de enfrentamiento
La historia de las grandes mineras es mejor que
la reconocida por sus críticos. Sus intereses, sin embargo, tienen que
armonizarse con los nacionales y los locales y corresponde a los gobiernos
hacerlo.
En:
The Economist, 6 de febrero del 2016.
Un par de horas
al sur de Arequipa, la segunda ciudad del Perú, la autopista panamericana
desciende del desierto de La Joya, cortando estrechos desfiladeros que
patrullan los gallinazos, para llegar al verde valle del río Tambo. El río
corre por entre campos de papa, arroz y caña de azúcar. Es una escena tranquila,
bucólica. Los cinco policías armados que patrullan el puente a la entrada de
Cocachacra son el único indicio de que no todo anda bien.
En este valle se presentó una fuerte protesta campesina en abril del 2015.
Manifestantes encapuchados y armados de caucheras sostuvieron enfrentamientos con la policía. 150 policías y 54 civiles quedaron heridos, murieron dos manifestantes y un policía.
La gente protestaba contra un plan de la Southern Peru Copper Corporation, de propiedad mexicana, para explotar una mina de cobre y oro, llamada Tía María, en las laderas del desierto que dan sobre el valle.
Southern, como la llaman los peruanos, dice que la mina podría generar empleo para 3.000 personas durante su construcción y 650 puestos permanentes bien pagos, al mismo tiempo que contribuiría más de US$500 millones anuales a las exportaciones del Perú.
Los campesinos del lugar señalan que la contaminación del río acabaría con sus fuentes de ingresos. Sin embargo, la compañía dice que eso no pasará pues luego de las protestas que hubo en el 2011 -cuando murieron tres personas- rediseñó el proyecto para incluir una planta desalinizadora que costará US$95 millones y eliminará la necesidad de usar el agua del río.
Manifestantes encapuchados y armados de caucheras sostuvieron enfrentamientos con la policía. 150 policías y 54 civiles quedaron heridos, murieron dos manifestantes y un policía.
La gente protestaba contra un plan de la Southern Peru Copper Corporation, de propiedad mexicana, para explotar una mina de cobre y oro, llamada Tía María, en las laderas del desierto que dan sobre el valle.
Southern, como la llaman los peruanos, dice que la mina podría generar empleo para 3.000 personas durante su construcción y 650 puestos permanentes bien pagos, al mismo tiempo que contribuiría más de US$500 millones anuales a las exportaciones del Perú.
Los campesinos del lugar señalan que la contaminación del río acabaría con sus fuentes de ingresos. Sin embargo, la compañía dice que eso no pasará pues luego de las protestas que hubo en el 2011 -cuando murieron tres personas- rediseñó el proyecto para incluir una planta desalinizadora que costará US$95 millones y eliminará la necesidad de usar el agua del río.
Por el momento
están ganando los campesinos. Las protestas lograron que Southern suspendiera el proyecto.
Aunque el Tía María fue aprobado por su gobierno el presidente del Perú Ollanta Humala apenas si lo respalda.
Southern espera la llegada de un nuevo gobierno que tomará posesión en julio. Aún entonces será difícil conseguir el consentimiento local.
“Nunca se van a dar las condiciones para que la compañía opere”, dice Jesús Cornejo, el presidente del comité de usuarios del agua de Cocachacra. Casi todas las casas del valle están adornadas con banderas que dicen “Agro sí, Mina no”.
Aunque el Tía María fue aprobado por su gobierno el presidente del Perú Ollanta Humala apenas si lo respalda.
Southern espera la llegada de un nuevo gobierno que tomará posesión en julio. Aún entonces será difícil conseguir el consentimiento local.
“Nunca se van a dar las condiciones para que la compañía opere”, dice Jesús Cornejo, el presidente del comité de usuarios del agua de Cocachacra. Casi todas las casas del valle están adornadas con banderas que dicen “Agro sí, Mina no”.
Tía María es
uno de los muchos conflictos entre compañías de minas, hidrocarburos e
infraestructura y las comunidades locales que vive el Perú.
En septiembre murieron tres personas en una protesta contra cambios de último momento en el diseño de Las Bambas, una gran mina de cobre por la que MGM –un grupo chino- pagó US$7 mil millones en 2014 a la Glencore, una firma suiza especializada en materias primas, que empezó producción el mes pasado.
En Pichanaki, en las laderas orientales de los Andes, una persona quedó muerta y 32 heridas en febrero del 2015 cuando la policía abrió fuego sobre los participantes en una protesta contra Pluspetrol, una firma argentina dedicada a la explotación de gas natural.
En el 2012 las protestas pararon la mina de cobre y oro Conga en la que un consorcio peruano-estadounidense había invertido US$1,5 mil millones.
En septiembre murieron tres personas en una protesta contra cambios de último momento en el diseño de Las Bambas, una gran mina de cobre por la que MGM –un grupo chino- pagó US$7 mil millones en 2014 a la Glencore, una firma suiza especializada en materias primas, que empezó producción el mes pasado.
En Pichanaki, en las laderas orientales de los Andes, una persona quedó muerta y 32 heridas en febrero del 2015 cuando la policía abrió fuego sobre los participantes en una protesta contra Pluspetrol, una firma argentina dedicada a la explotación de gas natural.
En el 2012 las protestas pararon la mina de cobre y oro Conga en la que un consorcio peruano-estadounidense había invertido US$1,5 mil millones.
En el Perú han muerto 53 personas y casi 1.500 han
resultado heridas en conflictos sociales -la mayoría relacionados con las
industrias extractivas- desde la toma de posesión de Humala en el 2011.
De acuerdo con la revista Semana Económica en los últimos 15 años el Perú ha perdido inversiones por US$8,5 mil millones en proyectos mineros bloqueados por dichos conflictos.
De acuerdo con la revista Semana Económica en los últimos 15 años el Perú ha perdido inversiones por US$8,5 mil millones en proyectos mineros bloqueados por dichos conflictos.
Los conflictos
relativos a la explotación de recursos naturales se han vuelto comunes en toda
América Latina. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, una
coalición de ONGs, documentó 215 en 19 países en el 2014, con México, Perú y
Chile a la cabeza (ver mapa).
En el 2013 la
Corte Suprema de Chile suspendió las operaciones de Pascua-Lama, una mina de
oro en la frontera con Argentina, por el temor de que podría contaminar las
aguas de algunos ríos. Su propietaria, la firma canadiense Barrick Gold, ha
gastado US$5 mil millones en la mina.
La Corte Constitucional colombiana ha bloqueado la exploración de depósitos de cobre y oro en Mandé Norte, al norte de Medellín, a pedido de los indios emberas y los afro-colombianos del área.
La Corte Constitucional colombiana ha bloqueado la exploración de depósitos de cobre y oro en Mandé Norte, al norte de Medellín, a pedido de los indios emberas y los afro-colombianos del área.
También han desatado
protestas los proyectos de infraestructura -represas eléctricas en el Brasil,
una carretera que atravesaría una reserva natural en Bolivia-, y la explotación
de petróleo -en el Ecuador y el Perú-. Pero ha sido la minería la fuente de
conflictos más importante.
Arrasando la
cumbre de las montañas
En la década de
1990 los países andinos abrieron sus economías a la inversión privada. El
resultado fue un periodo de bonanza ligado a grandes minas a cielo abierto. Con
frecuencia esto implica destruir la cumbre de las montañas o secar lagos.
En el pasado la gente de los Andes tendía a acoger la minería; los conflictos eran sobre relaciones laborales. Los proyectos contemporáneos tienen a despertar una resistencia creciente, en parte porque la democracia se ha afianzado en la región.
La gente es más consciente de los capitales gigantescos en juego, del impacto que tienen los proyectos en el medio ambiente y de sus derechos.
En el pasado la gente de los Andes tendía a acoger la minería; los conflictos eran sobre relaciones laborales. Los proyectos contemporáneos tienen a despertar una resistencia creciente, en parte porque la democracia se ha afianzado en la región.
La gente es más consciente de los capitales gigantescos en juego, del impacto que tienen los proyectos en el medio ambiente y de sus derechos.
Los críticos de
la minería dicen con frecuencia que no beneficia a América Latina; solo trae
“pobreza…, serios daños ambientales y… violaciones de derechos humanos”, como
dice un reporte preparado por un grupo de ONGs canadienses.
Algunos sectores de izquierda argumentan que América Latina debería abandonar completamente todas las industrias extractivas en gran escala, son enemigas del desarrollo en su opinión.
Algunos sectores de izquierda argumentan que América Latina debería abandonar completamente todas las industrias extractivas en gran escala, son enemigas del desarrollo en su opinión.
La minería
moderna es una industria de capital intensivo que genera proporcionalmente poco
empleo, aunque este tiende a ser calificado y bien pago. Pero la realidad es
mucho más complicada que lo que aceptan los críticos.
La generación de divisas, impuestos e inversión han hecho que la minería acelere el crecimiento económico y reduzca la pobreza en varios países suramericanos en los últimos 15 años.
En el Perú, por ejemplo, donde la pobreza cayó del 49% en el 2005 al 23% en el 2014, las exportaciones mineras representaron US$27,4 mil millones en el 2011, o 59% del total.
En Chile y en menor medida en el Perú han surgido industrias dedicadas a proveer equipos, repuestos, programas informáticos y otros servicios a las mineras.
Es muy diciente que los gobiernos de izquierda de Bolivia y Ecuador han dado su respaldo a proyectos mineros y de hidrocarburos, en el último caso ignorando a la oposición.
La generación de divisas, impuestos e inversión han hecho que la minería acelere el crecimiento económico y reduzca la pobreza en varios países suramericanos en los últimos 15 años.
En el Perú, por ejemplo, donde la pobreza cayó del 49% en el 2005 al 23% en el 2014, las exportaciones mineras representaron US$27,4 mil millones en el 2011, o 59% del total.
En Chile y en menor medida en el Perú han surgido industrias dedicadas a proveer equipos, repuestos, programas informáticos y otros servicios a las mineras.
Es muy diciente que los gobiernos de izquierda de Bolivia y Ecuador han dado su respaldo a proyectos mineros y de hidrocarburos, en el último caso ignorando a la oposición.
Los conflictos
más recientes han aparecido cuando la
bonanza ha sido reemplazada por una caída del mercado. Ante la baja de
precios y ganancias las mineras están haciendo reducciones drásticas en sus
inversiones y suspendiendo proyectos. Eso, a su turno, ha contribuido a una
recesión en la región.
A pesar de la
caída del mercado sigue siendo importante para América Latina encontrar maneras
de reconciliar los intereses de mineros, comunidades afectadas y el país. Esto
no es fácil.
Al contrario de los Estados Unidos los minerales en América Latina pertenecen al estado, no a los propietarios del suelo bajo el que yacen. El estado hace concesiones mineras a las compañías, las cuales, a su turno, deben llegar a un acuerdo con las comunidades cuyas vidas van a perturbar. La mayor parte de los beneficios son para la nación pero muchos de los costos, como la polución, se sufren localmente.
Al contrario de los Estados Unidos los minerales en América Latina pertenecen al estado, no a los propietarios del suelo bajo el que yacen. El estado hace concesiones mineras a las compañías, las cuales, a su turno, deben llegar a un acuerdo con las comunidades cuyas vidas van a perturbar. La mayor parte de los beneficios son para la nación pero muchos de los costos, como la polución, se sufren localmente.
Hay una inmensa
asimetría de poder, recursos e información entre las grandes mineras y los
campesinos y ganaderos de las cumbres andinas. Se despiertan expectativas que
pueden ser irreales.
Las minas modernas operan generalmente como semi-enclaves: la gente local carece de las destrezas para trabajar en ellas y no produce alimentos y otros insumos en cantidades adecuadas para surtirlas.
Las minas modernas operan generalmente como semi-enclaves: la gente local carece de las destrezas para trabajar en ellas y no produce alimentos y otros insumos en cantidades adecuadas para surtirlas.
Los conflictos
pueden resultar de la compra de tierras, el reasentamiento de vecinos y las
indemnizaciones. El agua es un tema cada vez más conflictivo. Las mineras
aseguran que purifican el agua sobrante de sus operaciones y eso generalmente
es verdad. Pero a veces las cosas se pueden poner muy mal.
En noviembre pasado 17 personas murieron en el Brasil cuando miles de toneladas de lodo cayeron al río Doce al romperse los diques de contención de residuos en una mina de mineral de hierro operada conjuntamente por Vale y BHP Billiton.
En el 2014 cayeron a un río de México 40 millones de litros de sulfato de cobre de una mina de propiedad de la compañía matriz de la Southern.
En noviembre pasado 17 personas murieron en el Brasil cuando miles de toneladas de lodo cayeron al río Doce al romperse los diques de contención de residuos en una mina de mineral de hierro operada conjuntamente por Vale y BHP Billiton.
En el 2014 cayeron a un río de México 40 millones de litros de sulfato de cobre de una mina de propiedad de la compañía matriz de la Southern.
En áreas
remotas de los Andes las compañías son presionadas para que provean servicios
básicos, como electricidad, escuelas y clínicas, que no existen por falla del
estado.
Actores foráneos, tales como movimientos políticos y ONGs, pueden agravar los conflictos, o ayudar a resolverlos.
Actores foráneos, tales como movimientos políticos y ONGs, pueden agravar los conflictos, o ayudar a resolverlos.
En las últimas
dos décadas el balance de poder ha cambiado a favor de las poblaciones locales.
Catorce países latinoamericanos se cuentan entre los 22 que han firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de poblaciones indígenas y tribales. Este convenio impone a los gobiernos la obligación de garantizar que estas poblaciones sean consultadas con respecto a proyectos o leyes que las afecten.
Muchos gobiernos no anticiparon los efectos que tendría este Convenio, dice Carlos Andrés Baquero de Dejusticia, un centro de estudios en Bogotá. Varios gobiernos, incluyendo Chile, Colombia y Perú, han sancionado leyes que ordenan la consulta previa.
Catorce países latinoamericanos se cuentan entre los 22 que han firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de poblaciones indígenas y tribales. Este convenio impone a los gobiernos la obligación de garantizar que estas poblaciones sean consultadas con respecto a proyectos o leyes que las afecten.
Muchos gobiernos no anticiparon los efectos que tendría este Convenio, dice Carlos Andrés Baquero de Dejusticia, un centro de estudios en Bogotá. Varios gobiernos, incluyendo Chile, Colombia y Perú, han sancionado leyes que ordenan la consulta previa.
Se disputa si
este requisito da a las poblaciones locales un derecho de veto.
En Colombia los jefes de compañías mineras se quejan de que la consulta previa se ha convertido en una oportunidad para extorsionar a las compañías.
Perú ha decidido que no da poder de veto y ha restringido la aplicación de la ley a las tribus amazónicas pero no a las poblaciones de habla quechua de los Andes.
El nuevo sistema ha servido para prevenir conflictos en la mayoría -no en todos- de los proyectos de gas y petróleo a los que se ha aplicado.
El Convenio ha dado incentivos a la gente para identificarse como indígena. Sin embargo, muchos de los conflictos afectan a los mestizos.
En Colombia los jefes de compañías mineras se quejan de que la consulta previa se ha convertido en una oportunidad para extorsionar a las compañías.
Perú ha decidido que no da poder de veto y ha restringido la aplicación de la ley a las tribus amazónicas pero no a las poblaciones de habla quechua de los Andes.
El nuevo sistema ha servido para prevenir conflictos en la mayoría -no en todos- de los proyectos de gas y petróleo a los que se ha aplicado.
El Convenio ha dado incentivos a la gente para identificarse como indígena. Sin embargo, muchos de los conflictos afectan a los mestizos.
El segundo gran
cambio ha ocurrido en las regulaciones.
En el Perú y en Chile todos los proyectos deben presentar un estudio de impacto ambiental (EIA).
En el Perú estos estudios eran revisados por el Ministerio de Energía y Minas cuya misión primordial es promover la inversión.
“La gente no cree en el rigor de los EIAs”, dice José de Echave de CooperAcción, una ONG que trabaja con comunidades afectadas por la minería. Solo este año ha empezado a operar una agencia autónoma de certificación ambiental.
El Perú transfiere la mitad de los ingresos generados por el impuesto empresarial minero a los gobiernos regionales y locales del área. Algunos distritos mineros han recibido mucho más dinero del que pueden gastar, lo que ha generado corrupción.
En el Perú y en Chile todos los proyectos deben presentar un estudio de impacto ambiental (EIA).
En el Perú estos estudios eran revisados por el Ministerio de Energía y Minas cuya misión primordial es promover la inversión.
“La gente no cree en el rigor de los EIAs”, dice José de Echave de CooperAcción, una ONG que trabaja con comunidades afectadas por la minería. Solo este año ha empezado a operar una agencia autónoma de certificación ambiental.
El Perú transfiere la mitad de los ingresos generados por el impuesto empresarial minero a los gobiernos regionales y locales del área. Algunos distritos mineros han recibido mucho más dinero del que pueden gastar, lo que ha generado corrupción.
Tercero,
empujados por activistas en sus países de origen y por cambios en las leyes y
la política de los países huéspedes, las multinacionales mineras hoy en día
aceptan responsabilidades ambientales y sociales con más compromiso que en el
pasado. En muchos casos se puede llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos
entre mineras y comunidades, siempre que haya confianza y buena fe.
Las comunidades “no se oponen necesariamente a la minería pero sí les preocupa que su capacidad de tomar decisiones con respecto a sus tierras desaparezca”, dice Tim Beale de Revelo Resources, una compañía exploradora con base en Vancouver. Si la compañía minera entiende eso “tendrá mejores probabilidades de éxito”.
Las comunidades “no se oponen necesariamente a la minería pero sí les preocupa que su capacidad de tomar decisiones con respecto a sus tierras desaparezca”, dice Tim Beale de Revelo Resources, una compañía exploradora con base en Vancouver. Si la compañía minera entiende eso “tendrá mejores probabilidades de éxito”.
Un ejemplo es
Gold Fields, una compañía surafricana, que desarrolló una mina de oro de tamaño
mediano en Hualcayoc en el norte del Perú. Las circunstancias no eran
propicias: el proyecto empezó en el 2004, en el mismo momento en que protestas
masivas impedían la expansión de Yanacocha, una gran mina cercana.
Gold Fields empezó reuniéndose muchas veces con la gente de la localidad para que sus administradores explicaran el proyecto y oyeran lo que le preocupaba a la gente. La compañía prometió emplear algunos locales y entrenar a otros en cómo usar el dinero que recibirían por la venta de sus tierras para abrir empresas de servicios. Trajo una ONG que le enseñara a los ganaderos locales a hacer mejoras en el cultivo de pastos, del ganado de leche y en la producción de quesos. Trabajó con los alcaldes locales para instalar electricidad y agua potable.
Gold Fields empezó reuniéndose muchas veces con la gente de la localidad para que sus administradores explicaran el proyecto y oyeran lo que le preocupaba a la gente. La compañía prometió emplear algunos locales y entrenar a otros en cómo usar el dinero que recibirían por la venta de sus tierras para abrir empresas de servicios. Trajo una ONG que le enseñara a los ganaderos locales a hacer mejoras en el cultivo de pastos, del ganado de leche y en la producción de quesos. Trabajó con los alcaldes locales para instalar electricidad y agua potable.
Calle y escuche
La gente protesta,
dice Miguel Incháustegui, un administrador de Gold Fields, “porque quiere las
cosas pronto, teme dejar perder su mejor oportunidad”. Agrega que la clave para lograr consentimiento social fue oír más que hablar y hacer lo que se
necesitara para mejorar la calidad de vida de
la gente en el área vecina.
Reducir los
riesgos sociales y ambientales no es costoso. Rara vez pasa del 1% de los
costos totales de una compañía, calcula Janine Ferretti, jefe de la división
ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ese no es el caso
siempre.
En la mina de cobre Quellaveco en el Perú la firma británica Anglo American hizo la costosa promesa de restaurar un río a su curso original cuando cerrara la mina. El proyecto está en el aire ahora.
En la mina de cobre Quellaveco en el Perú la firma británica Anglo American hizo la costosa promesa de restaurar un río a su curso original cuando cerrara la mina. El proyecto está en el aire ahora.
Algunas mineras
tienen dificultades para aceptar los cambios. Ellas consideran que su fuerte está
en su conocimiento geológicos y en la gerencia de proyectos y que lo suyo no es
participar en las actividades políticas de las comunidades de base. Otras
aplican mejores prácticas en algunos países pero no en otros, anota Beale.
Southern parece
caer en ese grupo.
Pegado a la pared de la oficina de Cornejo en Cocachacra hay un decreto expedido por el gobierno del Perú en 1967 que dio a Southern seis meses para eliminar la emisión de dióxido de azufre en sus hornos de fundición y compensar a los residentes locales por la contaminación del aire. Solo en el 2007 se acabó la emisión de gases.
Tía María no es un conflicto típico: Cocachacra es uno de los 300 distritos menos pobres entre cerca de 2,000 en que está dividido el Perú, tiene servicios básicos y sus habitantes son granjeros comerciales mestizos, no campesinos indígenas.
Guillermo Fajardo, el gerente de proyecto de Southern, le echa la culpa de la violencia a los afuereños. Nadie está de acuerdo con él. Es cierto que la comunidad está dividida y que los que respaldan la mina han sufrido intimidación; los que se oponen tienen el respaldo de un partido de la extrema izquierda.
Pegado a la pared de la oficina de Cornejo en Cocachacra hay un decreto expedido por el gobierno del Perú en 1967 que dio a Southern seis meses para eliminar la emisión de dióxido de azufre en sus hornos de fundición y compensar a los residentes locales por la contaminación del aire. Solo en el 2007 se acabó la emisión de gases.
Tía María no es un conflicto típico: Cocachacra es uno de los 300 distritos menos pobres entre cerca de 2,000 en que está dividido el Perú, tiene servicios básicos y sus habitantes son granjeros comerciales mestizos, no campesinos indígenas.
Guillermo Fajardo, el gerente de proyecto de Southern, le echa la culpa de la violencia a los afuereños. Nadie está de acuerdo con él. Es cierto que la comunidad está dividida y que los que respaldan la mina han sufrido intimidación; los que se oponen tienen el respaldo de un partido de la extrema izquierda.
El problema
fundamental es falta de confianza. “La compañía puede tener la razón pero la
población se siente desprotegida", dice el alcalde de Cocachacra Helar
Valencia.
Tía María solo podrá seguir adelante si se atiende a las preocupaciones de la población local “con medidas concretas para establecer confianza” como, por ejemplo, la construcción de un embalse por parte del gobierno para contrarrestar la escasez de agua, dice la gobernadora regional Yamila Osorio.
Tía María solo podrá seguir adelante si se atiende a las preocupaciones de la población local “con medidas concretas para establecer confianza” como, por ejemplo, la construcción de un embalse por parte del gobierno para contrarrestar la escasez de agua, dice la gobernadora regional Yamila Osorio.
A pesar de los
titulares de prensa en el Perú las minas que empiezan a operar son más numerosas
que las suspendidas, dice Anthony Bebbingon, un profesor de geografía de Clark
University en Massachusetts.
Muchas de las minas peruanas son competitivas aún con los precios de hoy gracias a la energía barata y las ricas vetas del país. Con base en Las Bambas y otras minas recientemente abiertas se espera que la producción de cobre pase de 1,7 millones de toneladas en el 2015 a 2,5 millones en el 2016, tomando el segundo lugar después de Chile.
Muchas de las minas peruanas son competitivas aún con los precios de hoy gracias a la energía barata y las ricas vetas del país. Con base en Las Bambas y otras minas recientemente abiertas se espera que la producción de cobre pase de 1,7 millones de toneladas en el 2015 a 2,5 millones en el 2016, tomando el segundo lugar después de Chile.
Paradójicamente
el final de la bonanza podría fortalecer el respaldo del gobierno y el público
a la minería.
En Arequipa, por ejemplo, los ingresos mineros del gobierno regional bajarán a una décima parte de lo que fueron en su mejor momento, dice Osorio. Aunque la baja de precios ha suspendido algunos proyectos eso crea la oportunidad para hacer más consultas.
En Arequipa, por ejemplo, los ingresos mineros del gobierno regional bajarán a una décima parte de lo que fueron en su mejor momento, dice Osorio. Aunque la baja de precios ha suspendido algunos proyectos eso crea la oportunidad para hacer más consultas.
Armonizar los
beneficios nacionales con los costos locales de la minería es al final un
problema de democracia. Los días en que simplemente se podía imponer una gran
mina se acabaron.
En ese sentido algo se ha aprendido de los conflictos de las últimas dos décadas. Quejas sobre la contaminación son “una manera de pedir mayor presencia del estado”, dice el antropólogo peruano Vladimir Gil en un estudio de Antamina, una gran mina de cobre activa en los años 90.
La oposición que dichos proyectos despierta se puede ver “como un reclamo para tener mayor participación en los asuntos nacionales”.
En algunos lugares el gobernó puede tomar la decisión razonable de prescindir del desarrollo minero por razones ambientales o para proteger la agricultura. Eso es lo que ha decidido Costa Rica y lo que El Salvador está próximo a hacer.
En ese sentido algo se ha aprendido de los conflictos de las últimas dos décadas. Quejas sobre la contaminación son “una manera de pedir mayor presencia del estado”, dice el antropólogo peruano Vladimir Gil en un estudio de Antamina, una gran mina de cobre activa en los años 90.
La oposición que dichos proyectos despierta se puede ver “como un reclamo para tener mayor participación en los asuntos nacionales”.
En algunos lugares el gobernó puede tomar la decisión razonable de prescindir del desarrollo minero por razones ambientales o para proteger la agricultura. Eso es lo que ha decidido Costa Rica y lo que El Salvador está próximo a hacer.
Cuando un
proyecto es conveniente para los intereses nacionales es importante que el
gobierno lo respalde. Eso no siempre sucede.
Carlos Gálvez, presidente del grupo de cabildeo minero SNMPE del Perú, pone de presente que fuera de las minas de cobre y otros proyectos que empezarán a operar este año no hay nada planeado para el futuro. Para remediar esto, dice, el próximo presidente tendrá que comprometerse más a fondo con la minería.
Carlos Gálvez, presidente del grupo de cabildeo minero SNMPE del Perú, pone de presente que fuera de las minas de cobre y otros proyectos que empezarán a operar este año no hay nada planeado para el futuro. Para remediar esto, dice, el próximo presidente tendrá que comprometerse más a fondo con la minería.
La minería es
un negocio a largo plazo. La exploración puede durar 10 años, la planeación del
proyecto cinco más y la construcción de 3
a 5, dice Gálvez.
La caída de los minerales es una advertencia para que el gobierno invierta las ganancias de la bonanza extractiva en áreas como la infraestructura y la educación para dar bases a la iniciación de actividades económicas menos cíclicas. Pero esto no justifica demorar los cambios institucionales necesarios para darle a la minería un futuro sostenible en América Latina.
La caída de los minerales es una advertencia para que el gobierno invierta las ganancias de la bonanza extractiva en áreas como la infraestructura y la educación para dar bases a la iniciación de actividades económicas menos cíclicas. Pero esto no justifica demorar los cambios institucionales necesarios para darle a la minería un futuro sostenible en América Latina.
Tomado de: Mining in Latin America: From conflict to co-operation. The ecomomist,
Feb 6th 2016 | COCACHACRA, PERU | From the print edition
Traducción de
Luis Mejía
19 de febrero del 2016
Publicado en blogluismejia.blogspot.comNOTA: El lector que quiera utilizar de manera total o parcial esta traducción debe darle crédito al traductor y a su blog como fuente.
La Universidad Externado de Colombia ha publicado un estudio sobre la minería en Colombia reseñado en el diario El Tiempo:
ReplyDeletehttp://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/universidad-externado-entregara-estudio-sobre-mineria/16510296
Conflicto minero en Armenia
ReplyDeleteHostilidad hacia los proyectos mineros en la República de Armenia es entendible.
El país ha vivido una larga historia de desastres ambientales causados por empresas que llegan y se van y que, según activistas opositores, han enriquecido a unos pocos y cuyos beneficios para las comunidades locales son pocos o nulos, con excepción de unos pocos empleos transitorios.
Al contrario, una vez tras otra han dejado el suelo contaminado con residuos mineros tóxicos –metales pesados y venenos como plomo y arsénico-. En un país que depende de la agricultura este tipo de polución se ha convertido en un problema serio y controversial.
La compañía minera por su parte dice que esta vez sí han tomado todas las precauciones necesarias para proteger las fuentes de agua, reducir los residuos tóxicos y hacer aportes al desarrollo nacional que beneficien a toda la población.
https://www.aljazeera.com/blogs/europe/2019/01/mining-environment-battle-armenia-amulsar-gold-190130135537637.html