Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en 2013: asimetría persistente

Publicado originalmente en Razón Pública

Creado en Lunes, 13 Enero 2014 02:48

En 2013 las relaciones entre Colombia y Estados Unidos dejaron ver la desventaja que se mantiene entre nuestro país y la potencia del norte. ¿Por qué los gobernantes nacionales no pueden asumir una relación de igual a igual con nuestro aliado?

¿Fin de la doctrina Monroe?

En 2013, las visitas del vicepresidente y del secretario de estado de Estados Unidos a Colombia, los encuentros entre el presidente Santos y el presidente Obama, las reuniones de funcionarios y las declaraciones de amistad y trabajo en equipo de ambos gobiernos, dieron la impresión de que las relaciones binacionales son excelentes.

Lo que hay detrás, sin embargo, es una profundización de la asimetría de intereses persistente y cultivada por las élites colombianas.

 “Los días de la doctrina Monroe han terminado” declaró el secretario de estado John Kerry el 18 de noviembre pasado, y agregó que su país quiere establecer un sistema de relaciones entre Estados iguales, con intereses compartidos.

Durante 150 años los Estados Unidos se dieron autorización para (1) vetar la presencia militar de otras potencias en América Latina, (2) impedir el desarrollo de una política internacional independiente en sus países, e (3) intervenir en los asuntos internos de sus Estados.

Sin embargo, las declaraciones oficiales de respeto entre naciones tienen mucho de retórica y cortesía. Solo el tiempo dirá si son sinceras, y si se revoca ese doctrina, expuesta por el presidente James Monroe en 1823, según la cual toda América sería área de influencia de los norteamericanos.

Por eso, durante 150 años los Estados Unidos se dieron autorización para (1) vetar la presencia militar de otras potencias en América Latina, (2) impedir el desarrollo de una política internacional independiente en sus países, e (3) intervenir en los asuntos internos de sus Estados.

Toleraban, eso sí, cierta flexibilidad: las potencias europeas enviaban sus armadas a cobrar las deudas morosas de los países latinoamericanos, México ofrecía santuario a exilados comunistas y mantenía relaciones con la Cuba bloqueada, Brasil actuaba como uno de los líderes de los países no alineados. Colombia, por su parte, nunca disputó la doctrina Monroe.

La declaración de Kerry implica una convergencia de intereses de las élites del continente y la confianza de parte de Estados Unidos en que sus intereses fundamentales –como la seguridad territorial, el mantenimiento de sus niveles de consumo y el acceso a recursos naturales estratégicos- son reconocidos y respetados por los gobiernos latinoamericanos, independientemente de su grado de nacionalismo.

En caso de conflicto, Estados Unidos no necesitará de la doctrina Monroe, como no la han necesitado en Asia y África. Las doctrinas Nixon, Carter, Reagan y Bush, como precedentes históricos, justificarían cualquier medida. Por ello la declaración sobre el final de la doctrina Monroe puede que no tenga valor práctico ni afecte las relaciones de Colombia con Estados Unidos.

Guerra contra las drogas

La guerra contra las drogas ha sido una prioridad para Estados Unidos desde la administración Nixon. Inicialmente se combinó con una estrategia de salud pública que se abandonó gradualmente.

Reagan consolidó un enfoque militar con una burocracia omnipresente y recursos suficientes para controlar el tráfico interno de drogas y, en coordinación con gobiernos amigos, eliminar en los países de origen los cultivos, centros de procesamiento y acopio, comercio de insumos y exportación de marihuana, cocaína, opio y otras substancias prohibidas.

En el curso de 2013 los dos gobiernos se comprometieron a continuarla, aunque el presidente Santos ha sugerido informalmente la posibilidad de crear un mercado legal de drogas. Le asiste la razón. Amplios sectores de opinión consideran que esta guerra ha fracasado.

Hay inconsistencias en la manera como Estados Unidos trata el problema dentro y fuera de su territorio: presionada por Estados Unidos, Colombia arrasa los cultivos de marihuana y coca -y las tierras y aguas aledañas- con herbicidas cuyo uso para destruir plantaciones de marihuana han prohibido los mismos Estados Unidos en su territorio.

Varios Estados de la federación estadounidense permiten el consumo médico de marihuana y al menos uno autoriza su comercialización para uso recreativo. La inacción del Gobierno federal en estos casos –en contraste con su oposición a la ley uruguaya de comercialización de drogas- debilita el argumento de cero tolerancia con respecto a la marihuana producida en América Latina.

Implementando la guerra antidrogas, las élites colombianas sacrificaron la vida de muchos de sus miembros, aprobaron la deportación de sus propios ciudadanos para someterlos a la jurisdicción estadounidense y no reclaman el derecho a judicializar a los ciudadanos estadounidenses cómplices de los colombianos acusados.

Podemos anticipar que las élites colombianas se adaptarán a cualquier política que Estados Unidos adopte para solucionar su problema de consumo y adicción a las drogas.

Diferendo colombo-nicaragüense

En 2012 la Corte Internacional de Justicia distribuyó entre Colombia y Nicaragua los derechos de explotación económica de las aguas del Caribe. Colombia considera que la Corte arrebató al país un 43 por ciento de sus aguas territoriales y busca subterfugios para no cumplir la sentencia. Nicaragua considera que la Corte refrendó derechos preexistentes. Sin embargo, este diferendo entre los dos países no ha recibido atención de los medios internacionales.

Mientras tanto, ambos se han ido preparando para una eventual confrontación. Nicaragua ha acumulado un acervo de razones legales a su favor, ha estrechado relaciones con la Federación Rusa, China, Irán y Venezuela, ha hecho presencia física en el área y, tratando de congraciarse con los Estados Unidos, los ha invitado a patrullar las aguas del conflicto para controlar el tráfico de drogas.

Al invitar la participación de las potencias Colombia y Nicaragua ignoran el dicho swahili que dice que “en peleas de elefantes pierde el pasto”.

Colombia ha seguido una estrategia jurídica poco exitosa. Al mismo tiempo, ha mantenido una política internacional sirviente de la estadounidense, ha participado en la Alianza del Pacifico, ha acelerado la negociación de tratados comerciales con varios países, ha hecho aperturas a la Unión Europea y ha pedido admisión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Acuerdo de Asociación Transpacífica y la Oganización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Podemos conjeturar que la resistencia pasiva colombiana y la iniciativa nicaragüense eliminarán progresivamente las soluciones negociadas y, anticipando un conflicto armado, ambos países construirán una red de alianzas. De ese conflicto solo se oirían las primeas salvas. Los aliados de ambos intervendrían para imponer condiciones de paz.

Los aliados nicaragüenses no tienen intereses vitales en el Caribe. A Rusia le interesa que Estados Unidos reconozca a la desaparecida Unión Soviética como su área de influencia. A China le interesa que Estados Unidos le dé libertad de acción en el Mar de China y en la explotación de los recursos naturales de África. A Irán le interesa reducir la tensión con Estados Unidos. A los aliados colombianos les interesa vender armas –igual que a los de Nicaragua- pero no aceptarán perturbaciones en la navegación del Caribe.

De otra parte, Estados Unidos sí tiene interés en aumentar su control del Caribe. Al zanjar el diferendo colombo-nicaragüense, los aliados considerarán sus propios intereses. Al invitar la participación de las potencias Colombia y Nicaragua ignoran el dicho swahili que dice que “en peleas de elefantes pierde el pasto”.

Espionaje extranjero en Colombia

Los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos divulgados por Edward Snowden en 2013 probaron que este país espía a autoridades y ciudadanos colombianos a través de empresas de comunicaciones sujetas a la soberanía colombiana. La misma situación dio pie a serias confrontaciones con Estados Unidos en otros países; Colombia envió una nota anodina de reclamo.

Ante la opinión pública nacional el Gobierno se declaró ofendido por el espionaje al presidente, pero ni dio una explicación sobre su complicidad en la violación del derecho a la intimidad y la privacidad de sus ciudadanos ni tomó medidas para castigar lo hecho e impedir su repetición.

La reacción del Gobierno colombiano no es sorprendente. El espionaje a altos funcionarios del Estado no debió generar información nueva para los estadounidenses. Las comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos publicadas por Wikileaks en 2010 lo hicieron redundante: los altos funcionarios del Gobierno mantenían informado al personal de la embajada en Bogotá de todo cuanto querían saber.

Negociaciones de paz y guerra interna

Las negociaciones de paz entre el gobierno Santos y las guerrillas han tenido un respaldo protocolario de Estados Unidos. Igual que lo tuvo la guerra de tierra arrasada durante los primeros seis años de la administración Uribe.

Estados Unidos no debería tener preferencia por una política u otra pues por el momento no hay amenaza a sus intereses nacionales ya que las guerrillas no reemplazarán a un gobierno amigo, no ponen en riesgo serio las operaciones de inversionistas estadounidenses y su papel en el mercado internacional de la droga ha ido declinando.

Analizar las relaciones exteriores de Colombia se dificulta por la ausencia de información. Las élites manejan la política internacional en secreto, y el gobierno no publica información sino propaganda.

La terminación de la guerra interna, en cambio, debería ser un interés nacional para Colombia. Pero sus élites están divididas y cada facción quiere poner a Estados Unidos de su lado, cosa que estos aprovechan en su propio interés. De ahí la ambigüedad del secretario Kerry, quien respalda las negociaciones de paz pero se abstiene de comentar sobre los mecanismos de justicia transicional.

¿Desinformación diplomática?

Analizar las relaciones exteriores de Colombia se dificulta por la ausencia de información. Las élites manejan la política internacional en secreto, y el gobierno no publica información sino propaganda.

Cuando por otros medios se conocen datos concretos de sus actuaciones, los funcionarios colombianos manifiestan ignorancia, inocencia, sorpresa, y no documentan nada. Pasó con las intenciones bélicas de la administración Uribe divulgadas por Wikileaks, con el acuerdo sobre fumigaciones en la frontera ecuatoriana y con el espionaje a las guerrillas que hace Estados Unidos para dar ayuda táctica al ejército colombiano.

Los altos funcionarios colombianos, al contrario de los estadounidenses, por pereza, cálculo o vergüenza no publican memorias de los eventos en que participaron. Eso favorece al gobierno pues no tiene que contrarrestar las memorias de sus exfuncionarios con información sobre los temas de Estado.

Luis Mejía – 22 de enero del 2014

Reproducido de Razón Pública en blogluismejia,blogspot.com