Publicado
originalmente en RAZÓN PÚBLICA
Domingo, 04
de Agosto de 2013
En la actual reforma migratoria están en juego los cálculos electorales
de demócratas y republicanos y se expresa el pulso entre argumentos pluralistas
y principios excluyentes y racistas. Una
reforma en la incertidumbre.
Promesas de campaña
Durante su
primer periodo de gobierno el presidente Obama incumplió la promesa de reformar
el régimen migratorio y de solucionar el problema de los inmigrantes
indocumentados en Estados Unidos.
La crisis
financiera y las dos guerras heredadas de Bush monopolizaron la atención del
presidente y del congreso. Los esfuerzos para lograr la reforma del sistema de
salud, la radicalización opositora del Partido Republicano y el respaldo
desganado de sectores demócratas, limitaron la capacidad del gobierno en áreas
importantes de política económica y social.
Durante la
campaña de reelección el presidente se jugó a fondo la carta de la legislación
migratoria. Sus promesas dieron resultado y recibió el apoyo de los parientes,
amigos o conocidos de los indocumentados a quienes prometió ayudar, entre
quienes se cuentan más de doce millones de hispanos.
El
presidente Obama re-asumió el liderazgo del país con la fuerza y claridad que
le daban la urnas y en su discurso inaugural puso el problema migratorio entre
las prioridades y lanzó un reto al Congreso para que legisle sobre la materia. Era
la hora de las decisiones.
La propuesta
En el
Congreso se creó un comité coordinador de la reforma migratoria integrado por
ocho senadores –cuatro demócratas y cuatro republicanos-, el cual inició sus
contactos informales en diciembre de 2012 y redactó un proyecto de 844 páginas
que abarca cuatro asuntos:
· Reformar
el sistema de visas (permanentes, turista, estudiante, trabajador temporal) y
el proceso de naturalización.
· Reforzar
la frontera con México para frenar las migraciones ilegales.
· Reforzar
el cumplimiento de las leyes de inmigración dentro del país.
· Crear una
ruta para la inserción de los inmigrantes indocumentados en el mundo formal de
los derechos laborales, civiles y políticos.
El proyecto
incluía una inversión estimada de cincuenta mil millones de dólares en medidas
coactivas, como la construcción de una muralla impenetrable a lo largo de la
frontera mexicana, la contratación de 18.000 agentes de inspección fronteriza,
y la instalación de mecanismos e instrumentos de vigilancia militar.
También
creaba un sistema de verificación de los permisos que afectaría a todos los
trabajadores asalariados, además de las prohibiciones tradicionales de trata de
blancas, tráfico de trabajadores y fraude de visas.
Por otra
parte el proyecto establecía que los indocumentados que hubieran llegado antes
del 31 de diciembre del 2011 serían gradualmente integrados a la sociedad:
primero serían registrados con estatus provisional, luego como extranjeros
legalmente aceptados como residentes permanentes y, después de diez años de
espera, serían ciudadanos por naturalización.
En su conjunto,
las medidas buscaban prevenir la inmigración ilegal y regularizar a quienes
vivían en el país de forma ilegal.
Un debate eludido y aplazado
Mientras el
Senado debatía el proyecto, las mayorías republicanas en la Cámara y la franja
anti-inmigrante, xenofóbica y furiosamente anti-Obama del partido,
reorganizaron sus fuerzas debilitadas por la derrota en las urnas y se
prepararon para sabotear el proyecto.
Los
republicanos en la Cámara han actuado sin coordinación, pero con el propósito
de no aprobar una ley integral de inmigración. Algunos han dicho que quieren
una reforma migratoria compuesta de varias leyes separadas y rechazan el texto
unificado del Senado. El presidente de la Cámara ha dicho que no someterá este
texto a discusión si no tiene el respaldo de la mayoría de los legisladores de
su partido.
Estas
tácticas les permitirían no tomar decisiones por mucho tiempo, aunque saben que
deben producir algo para justificar la cobertura que los medios les han
dado.
Además de
eludir y aplazar el debate, los republicanos han endurecido su posición en el
Congreso. Algunos de sus congresistas sugieren medidas de choque y de rechazo a
los inmigrantes:
· Someter a
los indocumentados a un periodo de prueba antes de legalizar su
condición.
· Negarle
ciudadanía a los indocumentados y ofrecérsela a sus hijos.
· Poner un
equipo de guardas fronterizos cada 305 metros a lo largo de los 3.219
kilómetros de la frontera con México.
· Ordenar al
Departamento de Seguridad de la Tierra Natal (Homeland Secirity) que diseñe
un plan para que en el término de 33 meses se reduzcan en un 90 por ciento los
casos de cruce ilegal en los puntos de mayor tráfico con México.
· Usar
equipos militares de vigilancia en la misma frontera.
· Definir
como crimen federal la presencia de alguien no autorizado en el territorio
nacional.
· Bloqueo de
fondos federales a los municipios que ofrezcan santuario a los indocumentados y
ordenar a las autoridades locales que hagan cumplir las leyes contra
ellos.
Todas estas
propuestas se orientan a rechazar y a criminalizar la inmigración, más que a
resolver el problema de millones de hispanos que constituyen un sector
significativo de la sociedad de Estados Unidos.
Cálculos electorales de los republicanos
Las
actitudes del Partido Republicano parecen depender de cálculos electorales.
Los
republicanos no necesitan cortejar el voto de la población que simpatiza con
los inmigrantes indocumentados por cuanto han manipulado los distritos
electorales, han concentrado los electores que los favorecen y han dividido
entre varios distritos los grupos que les pueden ser desfavorables. Han
maximizado el poder electoral de los primeros y debilitado el de los
segundos:
- La Cámara de Representantes se compone de 435 miembros en distritos uninominales y un reciente estudio indica que la población votante en la mayoría de los 232 distritos que controlan los republicanos es blanca y conservadora.
- Al mismo tiempo, las legislaturas de varios estados han empezado a aprobar leyes de identificación de votantes -con la disculpa de controlar un fraude electoral no probado- que tienen el efecto práctico de reducir el voto de las minorías.
Para la
mayoría de los políticos republicanos que no tienen aspiraciones nacionales, el
voto hispano es irrelevante y la solución del problema de los indocumentados es
contraproducente desde el punto de vista electoral. Eso los pone en conflicto
con los políticos de nivel nacional, como el senador McCain, uno de los
promotores de la reforma migratoria, para quien el voto de las minorías es
importante.
Los legisladores anti-inmigrantes y anti-hispanos
En un
sentido práctico es entendible la actitud de los legisladores anti-hispanos y
anti-inmigrantes. Ellos representan y comparten la cultura de una población
blanca predominante en la economía, la política y la vida social del país.
Los
inmigrantes, y especialmente los hispanos, son una amenaza real a ese
predominio. La Oficina del Censo ha hecho
proyecciones que muestran un crecimiento sostenido de los hispanos. Así, para
el 2015 los blancos representarían el 62 por ciento de la población total y los
hispanos el 18 por ciento, para el 2025 las proporciones serian 58 y 20 por
ciento, respectivamente, y para el 2050 serian 47 y 28 por ciento. Lo último
que querrían es ejercer el poder que tienen para consolidar esa tendencia
demográfica (la gráfica 1 del Centro Hispano Pew presenta la actual distribución de
los inmigrantes indocumentados según su procedencia).
En una de
sus intuiciones más perceptivas, el actor y humorista John Leguízamo captó los
temores de la población blanca cuando dijo en uno de sus monólogos de Broadway:
en pocos años los hispanos seremos una mayoría, lo que sería el horror. Pero no
se preocupen, les permitiremos hablar inglés.
Cálculos de los demócratas e incertidumbres de la reforma
Los
demócratas también hacen cuentas. Consideran que la reforma migratoria
-aprobada o no- les ayudará a ganar la presidencia en el 2016 frente a un
Partido Republicano comprometido con una estrategia de obstrucción legislativa
y discriminación contra las minorías.
Algunos
analistas anticipan que los representantes republicanos podrían aprobar una ley
de reforma a finales de la primavera o en el verano del año próximo, cuando
hayan pasado las primarias pre-electorales y no exista el riesgo de que un
disidente más extremista que ellos les arrebate la nominación de su partido y
les impida ser reelegidos. Este cálculo presume que el obstáculo mayor a la
reforma es el racismo puesto en evidencia por su obsesión con la frontera sur y
su renuencia a darle ciudadanía a los indocumentados.
En este
momento, la opinión nacional es mayoritariamente favorable a la reforma
migratoria y a la legalización de los indocumentados, pero la opinión regional,
desproporcionadamente representada en la Cámara, es desfavorable.
Y en el
trasfondo están los temores raciales de los republicanos como el obstáculo
profundo a una reforma progresista en este campo, donde los hispanos de
momento no somos sino peones en un juego de ajedrez.
En medio de
los cálculos electorales de demócratas y republicanos y de los discursos
contrapuestos la suerte de la reforma migratoria es incierta.
Luis Mejía –
21 de agosto del 2013
Reproducido
de Razón Pública en blogluismejia,blogspot.com
No comments:
Post a Comment