INMIGRACIÓN Y ODIO EN EL RÉGIMEN DE TRUMP

Publicado originalmente en Razón Pública

17 Diciembre 2017

La inmigración: ¿un problema?

Bajo el liderazgo de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha tendido a improvisar sus  decisiones y a dar bandazos continuos. Pero la deportación de los inmigrantes indocumentados y la reducción de los refugiados e inmigrantes autorizados han sido temas constantes y casi obsesivos para la nueva administración.  

Tanto así que los defensores de las políticas antimigratorias han asegurado que los inmigrantes son o suelen ser un problema. En el plano económico, si no trabajan, si desplazan al personal nativo o inducen a una baja en sus salarios, y en lo social, si cometen significativamente más crímenes que la población nativa.

Sin embargo los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico, pagan impuestos, aportan a los fondos de seguridad social y cometen menos crímenes que los nativos. Todos estos factores  han contribuido a que el Gobierno de Obama, la Organización de las Naciones Unidas, iglesias y ONG buscaran amparar a los inmigrantes en Estados Unidos.

Pero hoy en día la situación es devastadora: los once millones de inmigrantes indocumentados son víctimas de la actitud segregacionista de la administración de Trump, lo que los ha puesto en situaciones de precariedad laboral, aislamiento social, falta de protección legal frente al crimen y privación de los servicios de salud y educación.

La burocracia contra los inmigrantes

Para llevar a cabo sus estrategias antimigratorias, y haciendo una interpretación literal de las leyes sobre inmigración, Trump ha construido lo que el Chicago Tribune denomina “la barrera burocrática a la inmigración”. Algunos elementos de esta barrera son:

- La reducción del 60 por ciento en el número de refugiados aceptados anualmente.

- Una política agresiva de deportaciones.

- La suspensión durante seis meses de programas de reasentamiento de refugiados.

- La eliminación de la opción rápida de ciudadanía para soldados voluntarios.

- La prohibición a ciudadanos de países musulmanes de viajar a Estados Unidos.

- La construcción de un muro en la frontera mexicana.

- La consolidación de bases de datos compartidas entre agencias de inmigración y departamentos locales de policía.

- La participación de funcionarios estatales y municipales en la persecución de indocumentados.

- La propuesta de reducción de visas de residente de un millón a medio millón al año.

- La propuesta para aumentar el número de jueces de inmigración, los centros de detención y los guardias fronterizos.

Esto es apenas el reflejo de los esfuerzos de Trump para eliminar algunas legislaciones promovidas por gobiernos anteriores que buscaban amparar a los inmigrantes en Estados Unidos. Ejemplos de estas legislaciones son el Daca, el Dapa, el TPS, las ciudades santuario y el pacto mundial sobre migración.

Daca

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés) fue creado por la administración Obama para amparar cerca de 800 mil inmigrantes jóvenes llegados al país antes de cumplir los dieciséis años.

El programa buscaba aplazar la deportación, brindar permisos para trabajar y facilitar el ingreso de estos jóvenes a la universidad. Para recibir estos beneficios, los jóvenes inmigrantes entregaron al gobierno su información personal, incluyendo su domicilio y el de sus padres.

Trump, en su campaña presidencial, llamó a esta iniciativa una “amnistía ilegal” y prometió ponerle fin. Siguiendo lo dicho, el presidente ordenó el cese del programa a partir de abril del 2018, acción que, sin embargo, quedaba abierta al dictamen del Congreso, el cual, al ser de mayoría republicana, seguramente dejará que este programa expire.

Dapa

La Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) fue creada también por la administración de Obama en el 2014 con el fin de aplazar la deportación de los inmigrantes indocumentados cuyos hijos fueran ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos.

Demandado por ilegal, fue suspendido por el juez de conocimiento. En junio pasado el régimen de Trump desistió de defenderlo en corte y lo terminó formalmente.

TPS

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), creado también por la administración Obama, cubre aproximadamente a 320 mil inmigrantes indocumentados – el tres por ciento de los 11 millones de indocumentados–, los cuales se benefician de la protección temporal contra la deportación ofrecida a los oriundos de diez países diferentes.

La ley facultó al Gobierno para crear este programa cuando las desgracias de un país hicieran imposible que sus ciudadanos regresaran o cuando ese país no estuviera en condiciones de recibirlos.

Los beneficiarios del programa han vivido en Estados Unidos durante diecinueve años en promedio. El 69 por ciento está empleado, participa en actividades cívicas y tiene un total de 275 mil hijos nacidos en Estados Unidos, los cuales tienen derecho a la ciudadanía. La repatriación de los padres romperá la unidad familiar. La mayoría son originarios de Haití, El Salvador y Honduras.

El Gobierno ha decidido que las condiciones de vida de los países de origen han mejorado y que los beneficiarios del programa pueden regresar a hacer sus vidas y beneficiar a sus países con las habilidades laborales y los principios democráticos aprendidos en Estados Unidos. Así, el gobierno adelanta acciones para terminar el programa que beneficia a estas personas.

Ciudades santuario

Durante las guerras civiles patrocinadas por Estados Unidos en Centroamérica, una oleada de inmigrantes llegó al país en los años ochenta. Rechazados por el gobierno, fueron protegidos por la sociedad civil, especialmente por iglesias opuestas a la intervención del país en el exterior.

La presión del régimen trumpiano sobre los inmigrantes ha llevado a gobernantes estatales y municipales a declarar como santuarios a sus jurisdicciones, de ahí que se rehúsen a colaborar con el Gobierno federal en la búsqueda y deportación de inmigrantes indocumentados.

En represalia, el régimen ha amenazado con suspender transferencias presupuestales del Gobierno federal a los gobiernos locales. Sin embargo, sometido el asunto a la consideración de un juez, este determinó que el Gobierno no puede cambiar la destinación de fondos presupuestados por el Congreso.

Pacto mundial sobre migración

La asamblea general de Naciones Unidas aprobó en el 2016 una declaración de derechos y garantías para inmigrantes y refugiados, y puso en marcha la preparación de un tratado mundial que haga la migración “segura, regular y ordenada”, con el fin de proteger los inmigrantes vulnerables y repartir de manera más equitativa la carga de acoger, proteger y apoyar a los refugiados.

Trump ha ordenado el retiro de Estados Unidos de esta iniciativa, alegando que esta no es compatible con la soberanía nacional y que no coincide con las políticas del gobierno.

Esta decisión tiene un valor simbólico. Es un mensaje de xenofobia que encaja dentro de la actitud del régimen.

Violencia discriminante

El gobierno de Trump ha alentado las voces de odio, los actos de violencia y ha buscado afirmar y crear prejuicios raciales en contra de sus opositores.

Evidencia de las acciones de odio la presenta el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad del Estado de California, que reportó 827 crímenes de odio en trece ciudades mayores en el año 2017.

Además, el Centro Legal sobre Pobreza en el Sur (Southern Poverty Law Center) considera que Trump ha abierto las puertas de la Casa Blanca al extremismo consultando con grupos extremistas algunas políticas que pueden debilitar los derechos civiles y  nombrando personas racistas para cargos en el Gobierno.

Trump y su equipo llaman a los inmigrantes indocumentados, inmigrantes ilegales y los ataca como criminales y ladrones de empleo haciendo uso del poder emocional que tienen algunos crímenes aislados para demostrar el supuesto peligro que representan 11 millones de indocumentados.

En el régimen de Trump el odio y la discriminación son el premio de consolación de los problemas reales que aqueja la población.

Luis Mejía – 20 de diciembre del 2017

Reproducido de Razón Pública en blogluismejia.blogspot.com