MINERÍA EN UN PAÍS SUBDESARROLADO: COLOMBIA, SUS ELITES Y LA EXPLOTACION DEL CARBÓN

Transparencia en negocios mineros

El manejo que sucesivos gobiernos guineanos le han dado a las negociaciones para la explotación de los yacimientos de mineral de hierro en el caso Simandou es sintomático de lo que sucede en otros países igualmente subdesarrollados.

Transparencia en la economía minera de un país requiere que las empresas del sector publiquen los pagos que hacen de impuestos y regalías, que los gobiernos publiquen los pagos que reciben por este concepto, que las cuentas sean auditadas por una entidad independiente y que también se publiquen los datos de producción, licencias o concesiones y transferencias de regalías entre entidades gubernamentales. Una variedad de organismos de la sociedad civil deben tener acceso a la información para observar y criticar el proceso y deben ser considerados interlocutores válidos de empresas y gobierno. La población afectada por los proyectos mineros debe ser consultada y sus intereses protegidos.

En Colombia, según la revista virtual La Silla Vacía, no existe una política sistemática de transparencia. Distintas oficinas del gobierno han estado estudiando el tema sin tomar decisiones hasta el momento. Declaraciones del ministerio de minas indican que hay una probabilidad de que el gobierno adopte los protocolos de EITI (sigla inglesa de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva) pero no se ha pasado de palabras de buena voluntad de parte de altos funcionarios que no han usado el poder de decisión que tienen.

De hecho, la misma publicación dijo en abril del 2011 que la base de datos de la agencia gubernamental encargada de autorizar proyectos de exploración no era “pública, georreferenciada y descargable” y que las deficiencias técnicas de la  misma se prestaban para “la manipulación, venta y reventa de información sobre cuál terreno tiene o podría tener permiso de exploración y el estado en que se encuentra”.

Multinacional minera y sus trabajadores

Las condiciones de trabajo de los obreros mineros son importantes para determinar los efectos positivos de las minas en la sociedad donde operan. En la negociación del sindicato con la empresa que explota las minas de carbón de El Cerrejón se discutieron temas indicativos de que la situación de los trabajadores es desfavorable. Así, elsindicato pidió mejorar las condiciones laborales de los 5 mil empleados directos del complejo minero, la formalización de unos 7 mil empleados indirectos o tercerizados, la necesidad de que la compañía reconozca una serie de enfermedades profesionales entre los mineros, como la silicosis, y el compromiso de la compañía de cancelar sus planes de desviar el río Ranchería -el más importante de La Guajira- como parte de su proyecto de expansión. Por supuesto que en su lista de demandas el sindicato incluye cosas absurdas que no voy a mencionar.

Flexibilidad oficial en negocios mineros

Durante el doble periodo presidencial 2002-2010 la agencia administradora de títulos mineros del gobierno colombiano entregó 38 títulos mineros sobre un total de 36.400 hectáreas en terrenos de Parques Nacionales, 71 títulos sobre 14.708 hectáreas de reservas forestales protectoras, 416 títulos en 106.118 hectáreas de páramos y 44 títulos sobre 9013 hectáreas de humedales. Estos títulos deben ser anulados según el Ministerio de Medio Ambiente pero ello será mus costoso para el erario público ya que sus beneficiarios han estado pagando un canon minero que debe ser reembolsado. Buen número de estos títulos se expidieron en el lapso de ocho meses corridos entre la aprobación en el congreso de la ley que prohibía la explotación minera de los páramos y su sanción por el presidente de la república.

La puerta giratoria entre el gobierno y las mineras

En marzo del 2011 La Silla Vacía reportó que 6 exministros o altos funcionarios de la administración Uribe habían sido contratados como ejecutivos o asesores de compañías mineras: una Ministra Consejera de la Presidencia, una ministra de Relaciones Exteriores, un ministro de minas, una viceministra de justicia, una viceministra de aguas potables, un director y una subdirectora de la agencia de minas. Aunque la ley no prohíbe la puerta giratoria que transfiere funcionarios de cargos públicos reguladores a empresas reguladas, el hecho indica relación cercana (si no colusión de hecho, en mi opinión) entre el gobierno y las mineras.

Presencia de las multinacionales en la economía minera local

Muchas compañías extranjeras tienen operaciones en Colombia, algunas de las más valiosas en el sector minero. Así, Glencore Xstrata, Drummond, BHP Billiton y Anglo American PLC explotan, directamente o por medio de subsidiarias, inmensos yacimientos de carbón en el norte del país. En la imposibilidad de dar cuenta de las actividades de cada una uso el caso de la Drumond para ubicar en Colombia el tema de las relaciones asimétricas entre inversionistas extranjeros y países subdesarrollados.

La Drummond explota desde 1995 grandes yacimientos de carbón en Colombia. La producción se destina al mercado internacional y se exporta por los puertos de Santa Marta y Ciénaga. En el contrato celebrado entre el gobierno colombiano y la empresa se da a esta el encargo de reportar los accidentes que tenga en la explotación y transporte del carbón y los volúmenes de producción y exportación que aquel usará para calcular las regalías e impuestos pagaderos por la misma.

Legado minero: ¿favorable sin reservas?

Las actividades de la compañía han construido un legado mixto de logros variados y problemas serios con respecto a la protección del medio ambiente, las relaciones con la población aledaña a los yacimientos y con el sindicato de sus trabajadores y los reportes de producción. Salomón Kalmanovitz, respetado académico y comentarista, resume la historia de los problemas de la compañía en un artículo publicado por el periódico El Espectador. En un segundo artículo amplía la información sobre desobediencia de las leyes laborales, perjuicios a la salud de  la población afectada por las minas, daños al medio ambiente y evasión de leyes tributarias. Su trabajo es complementado por un lector de la revista virtual Las 2 Orillas que amplía algunos aspectos y agrega contexto a otros. En noviembre del 2007 el senador Jorge Robledo había denunciado los mismos problemas ante el congreso nacional.

Agentes exógenos determinan desempeño defectuoso de multinacional

De todos sus problemas la compañía –y los mitómanos de propaganda y relaciones públicas que emplea- hace responsables a funcionarios del gobierno, el sindicato y líderes de la población local. La revista Dinero en Colombia, una de las más populares en el sector empresarial y entre los ejecutivos privados del país, y la revista internacional Bloomberg le hacen eco literal a estas acusaciones e informan a sus lectores que la empresa supera dificultades que nunca son de origen endógeno y que las sanciones que sufra por no cumplir sus compromisos le hacen perder mercado a Colombia La posición de la compañía es que Colombia se hace daño a si misma al forzar a la compañía a cumplir las leyes que ha violado.

Polución ambiental inexistente

La operación a cielo abierto de la mina, el transporte de carbón en trenes de vagones abiertos y su transbordo de los trenes a los barcos en barcazas también abiertas generan un polvillo que contamina  el aire, permea el entorno de las minas, el ferrocarril y las barcazas y afecta la salud de las personas, la fertilidad de la tierra y la limpieza de las aguas. La compañía siempre ha dicho que no es conocedora de estudio científico alguno que valide estas acusaciones y que los conflictos con los pobladores del vecindario a que se refieren algunos informes no son ciertos. Juan Gossain, periodista colombiano respetado por la veracidad de sus reportes, en artículo publicado en el diario El Tiempo describe gráficamente la polución del carbón en la bahía de Santa Marta.

Contaminación del mar alerta a las autoridades renuentes

Finalmente, en enero del 2013 los operadores de una barcaza que llevaba carbón a un buque fondeado en medio de la bahía de Santa Marta echaron al mar su carga. Este accidente, si accidente fue, no fue reportado por la compañía a las autoridades, las cuales vinieron en conocimiento del mismo por el video grabado por un testigo accidental –y valga el pleonasmo-.

Después de casi un año de inacción, en diciembre del año pasado (2013) –y en vísperas de elecciones de congreso y presidente en la primera mitad del 2014- el gobierno colombiano le impuso a la Drummond una multa por verter carbón en la bahía. Simultáneamente, le exigió el cumplimiento de leyes aprobadas en el 2007 y el 2011 que la obligaban a construir un sistema de cargue directo y cubierto en el puerto. Al momento de anunciar a la prensa la multa a la compañía la ministra de medio ambiente “dijo que hasta ahora la compañía no ha informado exactamente cuánto carbón cayó al mar la noche del 12 de enero y la mañana del 13 de enero de una barcaza de Drummond cargada del material y que se movilizaba por aguas cercanas a Santa Marta. Pero en la embarcación iban unas 1.800 toneladas de carbón, aseguró”.

El plazo que tenía la compañía vencía el primero de enero del presente año (2014). La compañía no construyó las instalaciones necesarias y continuó haciendo cargue indirecto por cinco días, por lo cual el gobierno le vetó el acceso a puerto. La compañía excusó su demora alegando que una huelga de trabajadores que hubo en la mina el año pasado le impidió terminar a tiempo la construcción en el puerto. La actuación del gobierno y las duras críticas que varios funcionarios del mismo han hecho a la compañía marcan un rompimiento –no necesariamente permanente- con la política de la administración Uribe que durante ocho años había mantenido prácticamente una relación simbiótica con la compañía y había ignorado todas las quejas que había recibido sobre su conducta o, en una concesión franciscana a la crítica del público, le había impuesto multas irrisorias. Se echa de ver, en este asunto, el silencio del expresidente Uribe, quien usualmente tiene una opinión ampliamente compartida con los medios sobre decisiones importantes y triviales del gobierno actual. Su actitud sorprende ya que, al menos por el momento, el gobierno del presidente Santos está desmontando lo que fue  la “normalidad uribista” en la economía minera hecha de incontrolada expedición de permisos de exploración y explotación y tolerada violación de las leyes pertinentes.

Relaciones públicas reemplazan la responsabilidad contractual

En lo que va corrido del año la compañía se ha embarcado en una intensa campaña publicitaria de evasión de responsabilidad. En ello la asisten los medios. Por ejemplo, en entrevista publicada por el diario El Tiempo el gerente general en Colombia afirma que la firma tenía un derecho adquirido al uso de barcazas el cual le fue arrebatado en el 2007 sin estudio que documentara los beneficios de su reemplazo, que tuvieron un solo vertimiento de carbón desde 1995, que las autoridades se demoraron para dar los permisos para construir el puerto de carga directa, que los trabajadores hicieron huelga y demoraron los trabajos, que el gobierno es injusto al calificar la compañía de desafiante, que la compañía hizo el reporte del accidente con la información disponible en el momento sin intención de ocultar nada, que el gobierno discrimina al ponerle multas más altas que a otras compañías infractoras y que el régimen de regalías “se pactó libremente entre las partes” en 1988.

Y en entrevista con El Espectador el mismo gerente dice que las bases técnicas de la multa por vertimiento de carbón no son sólidas pues en realidad no hubo vertimiento sino aligeramiento de carga, que no hay proporcionalidad en la multa cuando se compara con sanciones a otras empresas, que la cesación de exportaciones le cuesta a la compañía de cinco a seis millones de dólares mientras que al país le cuesta alrededor de cuatro mil setecientos millones de pesos [esto de pasar de millones a miles de millones es una preciosidad semántica para establecer en la mente del lector el tamaño de los perjuicios que Colombia se inflige a sí misma], que nunca se dieron a conocer los estudios de riesgo de contaminación ambiental por uso de barcazas, que el carbón que cae al mar no genera contaminación a largo plazo, que la firma ha hecho el sacrificio de pagar los salarios de los trabajadores mientras sigan suspendidas las exportaciones, que la firma está sorprendida porque las autoridades le impusieron la obligación de pagar el reasentamiento de poblaciones que no están en terreno donde se extenderá la explotación de la mina, que la calidad del aire y los niveles de polución son excelentes según una agencia del gobierno que contradice los estudios de otra que se equivocó, que no hay condiciones de salud perjudiciales y la gente no se está muriendo de enfermedades pulmonares cerca de la mina ni hay estudios que muestren este tipo de riesgo.

Violencia antisindical, relaciones públicas y acción judicial

Finalmente, la compañía también ha sido acusada de financiar grupos paramilitares y de que funcionarios suyos participaron en los hechos que culminaron en el asesinato de dos líderes sindicales que le eran muy incómodos. Estas acusaciones han sido sostenidas y luego denegadas por diferentes testigos. Una demanda contra la empresa por el asesinato de los sindicalistas fue presentada en un juzgado de los Estados Unidos que la rechazó por considerar a la empresa inocente del hecho. El tema sigue vigente en Colombia dada la historia de la compañía, la ayuda en el pasado de agencias del gobierno nacional y local para permitirle a la compañía aplicar las leyes según su propio saber y entender y por la acumulación de evidencia que no ha sido discutida en un juicio completo.

Negociaciones asimétricas: profesionales de la multinacional vs amateurs del gobierno

El estudio de las relaciones entre los gobiernos de Guinea Colombia con los inversionistas extranjeros interesados en sus minas de mineral de hierro y de carbón, respectivamente, ponen de relieve una inocultable asimetría en la capacidad y habilidad negociadora de ambas partes. Los inversionistas tienen a su favor un equipo altamente entrenado de ejecutivos, contadores, abogados, banqueros, relacionistas y expertos en manipulación de la opinión pública que combinan sus habilidades para penetrar las estructuras de poder de los países subdesarrollados y obtener condiciones óptimas para sus actividades.

Con frecuencia los países subdesarrollados tienen un equipo de gobierno venal, amateur, improvisado, superficialmente informado sobre la complejidad de los temas a su cargo (o que se comporta como si lo fuera), de corta duración en sus cargos oficiales,  que generalmente está al servicio de elites parásitas y rentistas, indiferentes a la prosperidad nacional y al bienestar de la población, libres de impedimento para servir de intermediarias al inversionista extranjero. La revisión de acuerdos mineros iniciada por el gobierno de Guinea es una situación excepcional impulsada por el compromiso personal del presidente Condé de corregir un negocio extraordinariamente desfavorable para su país. No debemos esperar un acuerdo óptimo para Guinea, sin embargo, pues la elite del país no lo respalda en las negociaciones. A lo más obtendrá de las compañías mineras concesiones parcialmente favorables a los intereses de su país. Por su parte, el momento que vive la Drummond en Colombia es contingente al calendario electoral. En su campaña para ser reelegido el presidente Santos da un tratamiento populista a los serios problemas sociales y ambientales atribuibles a las explotaciones mineras y su gobierno hará una aplicación estricta de las leyes vigentes,  pero en pasando el apuro electoral las probabilidades de retorno a la “normalidad uribista” están a favor de la Drummond.

Idiotez vs mala fe: juzgando a las elites del subdesarrollo

Al final, en Guinea, en Colombia, en cualquier país del mundo subdesarrollado, resuena la expresión del multimillonario sudanés Mo Ibrahim: ¿son idiotas o criminales o criminales e idiotas los que negocian los contratos con los inversionistas extranjeros? Deben ser idiotas y muy baratos: cobran tan poquito por sus buenos oficios. Pero hay que entenderlos. Con excepción de unos pocos individuos los miembros de nuestras elites empiezan la vida con recursos tan limitados –comparados con los verdaderos ricos del mundo desarrollado- que cualquier ñapa que reciban por su influencia es fortuna.

Luis Mejía – 26 de marzo del 2014

Publicado en blogluismejia.blogspot.com