Transparencia
en negocios mineros
El manejo que sucesivos gobiernos
guineanos le han dado a las negociaciones para la explotación de los
yacimientos de mineral de hierro en el caso Simandou es sintomático de lo que
sucede en otros países igualmente subdesarrollados.
Transparencia en la economía minera
de un país requiere que las empresas del sector publiquen los pagos que hacen de
impuestos y regalías, que los gobiernos publiquen los pagos que reciben por
este concepto, que las cuentas sean auditadas por una entidad independiente y
que también se publiquen los datos de producción, licencias o concesiones y
transferencias de regalías entre entidades gubernamentales. Una variedad de
organismos de la sociedad civil deben tener acceso a la información para
observar y criticar el proceso y deben ser considerados interlocutores válidos
de empresas y gobierno. La población afectada por los proyectos mineros debe
ser consultada y sus intereses protegidos.
En Colombia, según la revista
virtual La Silla Vacía, no existe una política sistemática de transparencia.
Distintas oficinas del gobierno han estado estudiando el tema sin tomar
decisiones hasta el momento. Declaraciones del ministerio de minas indican que hay
una probabilidad de que el gobierno adopte los protocolos de EITI (sigla
inglesa de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva) pero no
se ha pasado de palabras de buena voluntad de parte de altos funcionarios que
no han usado el poder de decisión que tienen.
De hecho, la misma publicación dijo
en abril del 2011 que la base de datos de la agencia gubernamental encargada de
autorizar proyectos de exploración no era “pública, georreferenciada y
descargable” y que las deficiencias técnicas de la misma se prestaban para “la manipulación,
venta y reventa de información sobre cuál terreno tiene o podría tener permiso
de exploración y el estado en que se encuentra”.
Multinacional
minera y sus trabajadores
Las condiciones de trabajo de los
obreros mineros son importantes para determinar los efectos positivos de las
minas en la sociedad donde operan. En la negociación del sindicato con la
empresa que explota las minas de carbón de El Cerrejón se discutieron temas
indicativos de que la situación de los trabajadores es desfavorable. Así, elsindicato pidió mejorar las condiciones laborales de los 5 mil empleados
directos del complejo minero, la formalización de unos 7 mil empleados
indirectos o tercerizados, la
necesidad de que la compañía reconozca una serie de enfermedades profesionales entre
los mineros, como la silicosis, y el compromiso de la compañía de cancelar sus
planes de desviar el río Ranchería -el más importante de La Guajira- como parte
de su proyecto de expansión. Por supuesto que en su lista de demandas el
sindicato incluye cosas absurdas que no voy a mencionar.
Flexibilidad
oficial en negocios mineros
Durante el doble periodo presidencial 2002-2010 la
agencia administradora de títulos mineros del gobierno colombiano entregó 38
títulos mineros sobre un total de 36.400 hectáreas en terrenos de Parques
Nacionales, 71 títulos sobre 14.708 hectáreas de reservas forestales
protectoras, 416 títulos en 106.118 hectáreas de páramos y 44 títulos sobre
9013 hectáreas de humedales. Estos títulos deben ser anulados según el
Ministerio de Medio Ambiente pero ello será mus costoso para el erario público
ya que sus beneficiarios han estado pagando un canon minero que debe ser
reembolsado. Buen número de estos títulos se expidieron en el lapso de ocho
meses corridos entre la aprobación en el congreso de la ley que prohibía la
explotación minera de los páramos y su sanción por el presidente de la
república.
La
puerta giratoria entre el gobierno y las mineras
En marzo del 2011 La Silla Vacía reportó que 6
exministros o altos funcionarios de la administración Uribe habían sido
contratados como ejecutivos o asesores de compañías mineras: una Ministra
Consejera de la Presidencia, una ministra de Relaciones Exteriores, un ministro
de minas, una viceministra de justicia, una viceministra de aguas potables, un
director y una subdirectora de la agencia de minas. Aunque la ley no prohíbe la
puerta giratoria que transfiere funcionarios de cargos públicos reguladores a
empresas reguladas, el hecho indica relación cercana (si no colusión de hecho,
en mi opinión) entre el gobierno y las mineras.
Presencia de
las multinacionales en la economía minera local
Muchas
compañías extranjeras tienen operaciones en Colombia, algunas de las más
valiosas en el sector minero. Así, Glencore Xstrata, Drummond, BHP Billiton y
Anglo American PLC explotan, directamente o por medio de subsidiarias, inmensos
yacimientos de carbón en el norte del país. En la imposibilidad de dar cuenta
de las actividades de cada una uso el caso de la Drumond para ubicar en
Colombia el tema de las relaciones asimétricas entre inversionistas extranjeros
y países subdesarrollados.
La Drummond explota desde 1995 grandes yacimientos de
carbón en Colombia. La producción se destina al mercado internacional y se
exporta por los puertos de Santa Marta y Ciénaga. En el contrato celebrado
entre el gobierno colombiano y la empresa se da a esta el encargo de reportar los
accidentes que tenga en la explotación y transporte del carbón y los volúmenes
de producción y exportación que aquel usará para calcular las regalías e
impuestos pagaderos por la misma.
Legado
minero: ¿favorable sin reservas?
Las actividades de la compañía han
construido un legado mixto de logros variados y problemas serios con respecto a
la protección del medio ambiente, las relaciones con la población aledaña a los
yacimientos y con el sindicato de sus trabajadores y los reportes de
producción. Salomón Kalmanovitz, respetado académico y comentarista, resume la
historia de los problemas de la compañía en un artículo publicado por el
periódico El Espectador. En un segundo artículo amplía la información sobre desobediencia de las leyes laborales, perjuicios a la salud
de la población afectada por las minas,
daños al medio ambiente y evasión de leyes tributarias. Su trabajo es
complementado por un lector de la revista virtual Las 2 Orillas que amplía
algunos aspectos y agrega contexto a otros. En noviembre del 2007 el senador Jorge Robledo había denunciado los mismos problemas ante el congreso nacional.
Agentes exógenos
determinan desempeño defectuoso de multinacional
De todos sus problemas la compañía
–y los mitómanos de propaganda y relaciones públicas que emplea- hace
responsables a funcionarios del gobierno, el sindicato y líderes de la
población local. La revista Dinero en Colombia, una de las más populares en el
sector empresarial y entre los ejecutivos privados del país, y la revista internacional Bloomberg le hacen eco literal a estas acusaciones e informan a
sus lectores que la empresa supera dificultades que nunca son de origen endógeno
y que las sanciones que sufra por no cumplir sus compromisos le hacen perder mercado a Colombia La posición de la compañía es que Colombia se hace daño a si
misma al forzar a la compañía a cumplir las leyes que ha violado.
Polución
ambiental inexistente
La operación a cielo abierto de la
mina, el transporte de carbón en trenes de vagones abiertos y su transbordo de
los trenes a los barcos en barcazas también abiertas generan un polvillo que contamina
el aire, permea el entorno de las minas,
el ferrocarril y las barcazas y afecta la salud de las personas, la fertilidad
de la tierra y la limpieza de las aguas. La compañía siempre ha dicho que no es
conocedora de estudio científico alguno que valide estas acusaciones y que los
conflictos con los pobladores del vecindario a que se refieren algunos informes
no son ciertos. Juan Gossain, periodista colombiano respetado por la veracidad
de sus reportes, en artículo publicado en el diario El Tiempo describe
gráficamente la polución del carbón en la bahía de Santa Marta.
Contaminación
del mar alerta a las autoridades renuentes
Finalmente, en enero del 2013 los
operadores de una barcaza que llevaba carbón a un buque fondeado en medio de la
bahía de Santa Marta echaron al mar su carga. Este accidente, si accidente fue,
no fue reportado por la compañía a las autoridades, las cuales vinieron en
conocimiento del mismo por el video grabado por un testigo accidental –y valga
el pleonasmo-.
Después de casi un año de inacción,
en diciembre del año pasado (2013) –y en vísperas de elecciones de congreso y
presidente en la primera mitad del 2014- el gobierno colombiano le impuso a la
Drummond una multa por verter carbón en la bahía. Simultáneamente, le exigió el
cumplimiento de leyes aprobadas en el 2007 y el 2011 que la obligaban a
construir un sistema de cargue directo y cubierto en el puerto. Al momento de
anunciar a la prensa la multa a la compañía la ministra de medio ambiente “dijo
que hasta ahora la compañía no ha informado exactamente cuánto carbón cayó al mar
la noche del 12 de enero y la mañana del 13 de enero de una barcaza de Drummond
cargada del material y que se movilizaba por aguas cercanas a Santa Marta. Pero
en la embarcación iban unas 1.800 toneladas de carbón, aseguró”.
El plazo que tenía la compañía
vencía el primero de enero del presente año (2014). La compañía no construyó
las instalaciones necesarias y continuó haciendo cargue indirecto por cinco
días, por lo cual el gobierno le vetó el acceso a puerto. La compañía excusó su
demora alegando que una huelga de trabajadores que hubo en la mina el año
pasado le impidió terminar a tiempo la construcción en el puerto. La actuación
del gobierno y las duras críticas que varios funcionarios del mismo han hecho a
la compañía marcan un rompimiento –no necesariamente permanente- con la
política de la administración Uribe que durante ocho años había mantenido
prácticamente una relación simbiótica con la compañía y había ignorado todas
las quejas que había recibido sobre su conducta o, en una concesión franciscana
a la crítica del público, le había impuesto multas irrisorias. Se echa de ver,
en este asunto, el silencio del expresidente Uribe, quien usualmente tiene una
opinión ampliamente compartida con los medios sobre decisiones importantes y
triviales del gobierno actual. Su actitud sorprende ya que, al menos por el
momento, el gobierno del presidente Santos está desmontando lo que fue la “normalidad uribista” en la economía minera
hecha de incontrolada expedición de permisos de exploración y explotación y tolerada
violación de las leyes pertinentes.
Relaciones públicas
reemplazan la responsabilidad contractual
En lo que va corrido del año la
compañía se ha embarcado en una intensa campaña publicitaria de evasión de
responsabilidad. En ello la asisten los medios. Por ejemplo, en entrevista
publicada por el diario El Tiempo el gerente general en Colombia afirma que la
firma tenía un derecho adquirido al uso de barcazas el cual le fue arrebatado
en el 2007 sin estudio que documentara los beneficios de su reemplazo, que
tuvieron un solo vertimiento de carbón desde 1995, que las autoridades se
demoraron para dar los permisos para construir el puerto de carga directa, que
los trabajadores hicieron huelga y demoraron los trabajos, que el gobierno es
injusto al calificar la compañía de desafiante, que la compañía hizo el reporte
del accidente con la información disponible en el momento sin intención de
ocultar nada, que el gobierno discrimina al ponerle multas más altas que a
otras compañías infractoras y que el régimen de regalías “se pactó libremente
entre las partes” en 1988.
Y en entrevista con El Espectador el
mismo gerente dice que las bases técnicas de la multa por vertimiento de carbón
no son sólidas pues en realidad no hubo vertimiento sino aligeramiento de
carga, que no hay proporcionalidad en la multa cuando se compara con sanciones
a otras empresas, que la cesación de exportaciones le cuesta a la compañía de
cinco a seis millones de dólares mientras que al país le cuesta alrededor de
cuatro mil setecientos millones de pesos [esto de pasar de millones a miles de
millones es una preciosidad semántica para establecer en la mente del lector el
tamaño de los perjuicios que Colombia se inflige a sí misma], que nunca se
dieron a conocer los estudios de riesgo de contaminación ambiental por uso de
barcazas, que el carbón que cae al mar no genera contaminación a largo plazo,
que la firma ha hecho el sacrificio de pagar los salarios de los trabajadores
mientras sigan suspendidas las exportaciones, que la firma está sorprendida
porque las autoridades le impusieron la obligación de pagar el reasentamiento
de poblaciones que no están en terreno donde se extenderá la explotación de la
mina, que la calidad del aire y los niveles de polución son excelentes según
una agencia del gobierno que contradice los estudios de otra que se equivocó,
que no hay condiciones de salud perjudiciales y la gente no se está muriendo de
enfermedades pulmonares cerca de la mina ni hay estudios que muestren este tipo
de riesgo.
Violencia
antisindical, relaciones públicas y acción judicial
Finalmente, la compañía también ha sido acusada de financiar grupos paramilitares y de que funcionarios suyos
participaron en los hechos que culminaron en el asesinato de dos líderes
sindicales que le eran muy incómodos. Estas acusaciones han sido sostenidas y
luego denegadas por diferentes testigos. Una demanda contra la empresa por el
asesinato de los sindicalistas fue presentada en un juzgado de los Estados
Unidos que la rechazó por considerar a la empresa inocente del hecho. El tema
sigue vigente en Colombia dada la historia de la compañía, la ayuda en el
pasado de agencias del gobierno nacional y local para permitirle a la compañía
aplicar las leyes según su propio saber y entender y por la acumulación de evidencia que no ha sido discutida en un juicio completo.
Negociaciones asimétricas:
profesionales de la multinacional vs amateurs del gobierno
El estudio de las relaciones entre los
gobiernos de Guinea Colombia con los inversionistas extranjeros interesados en
sus minas de mineral de hierro y de carbón, respectivamente, ponen de relieve una
inocultable asimetría en la capacidad y habilidad negociadora de ambas partes.
Los inversionistas tienen a su favor un equipo altamente entrenado de
ejecutivos, contadores, abogados, banqueros, relacionistas y expertos en
manipulación de la opinión pública que combinan sus habilidades para penetrar
las estructuras de poder de los países subdesarrollados y obtener condiciones
óptimas para sus actividades.
Con frecuencia los países
subdesarrollados tienen un equipo de gobierno venal, amateur, improvisado,
superficialmente informado sobre la complejidad de los temas a su cargo (o que
se comporta como si lo fuera), de corta duración en sus cargos oficiales, que generalmente está al servicio de elites
parásitas y rentistas, indiferentes a la prosperidad nacional y al bienestar de
la población, libres de impedimento para servir de intermediarias al
inversionista extranjero. La revisión de acuerdos mineros iniciada por el
gobierno de Guinea es una situación excepcional impulsada por el compromiso
personal del presidente Condé de corregir un negocio extraordinariamente
desfavorable para su país. No debemos esperar un acuerdo óptimo para Guinea,
sin embargo, pues la elite del país no lo respalda en las negociaciones. A lo
más obtendrá de las compañías mineras concesiones parcialmente favorables a los
intereses de su país. Por su parte, el momento que vive la Drummond en Colombia
es contingente al calendario electoral. En su campaña para ser reelegido el
presidente Santos da un tratamiento populista a los serios problemas sociales y
ambientales atribuibles a las explotaciones mineras y su gobierno hará una
aplicación estricta de las leyes vigentes,
pero en pasando el apuro electoral las probabilidades de retorno a la
“normalidad uribista” están a favor de la Drummond.
Idiotez vs mala
fe: juzgando a las elites del subdesarrollo
Al final, en Guinea, en Colombia, en
cualquier país del mundo subdesarrollado, resuena la expresión del multimillonario
sudanés Mo Ibrahim: ¿son idiotas o criminales o criminales e idiotas los que negocian
los contratos con los inversionistas extranjeros? Deben ser idiotas y muy
baratos: cobran tan poquito por sus buenos oficios. Pero hay que entenderlos. Con
excepción de unos pocos individuos los miembros de nuestras elites empiezan la
vida con recursos tan limitados –comparados con los verdaderos ricos del mundo
desarrollado- que cualquier ñapa que reciban por su influencia es fortuna.
Luis Mejía – 26 de marzo del 2014
Publicado en blogluismejia.blogspot.com
Este artículo analiza el conflicto entre el interés que la dirigencia de un país como Colombia puede tener en la gran minería y los costos que la misma puede tener para la población que ocupa los suelos mineros:
ReplyDeletehttp://www.elespectador.com/opinion/perdimos-por-punta-y-punta-columna-691470
Conflicto minero en Armenia
ReplyDeleteHostilidad hacia los proyectos mineros en la República de Armenia es entendible.
El país ha vivido una larga historia de desastres ambientales causados por empresas que llegan y se van y que, según activistas opositores, han enriquecido a unos pocos y cuyos beneficios para las comunidades locales son pocos o nulos, con excepción de unos pocos empleos transitorios.
Al contrario, una vez tras otra han dejado el suelo contaminado con residuos mineros tóxicos –metales pesados y venenos como plomo y arsénico-. En un país que depende de la agricultura este tipo de polución se ha convertido en un problema serio y controversial.
La compañía minera por su parte dice que esta vez sí han tomado todas las precauciones necesarias para proteger las fuentes de agua, reducir los residuos tóxicos y hacer aportes al desarrollo nacional que beneficien a toda la población.
https://www.aljazeera.com/blogs/europe/2019/01/mining-environment-battle-armenia-amulsar-gold-190130135537637.html