Segunda
Parte: Ejecución y Obstáculos de la Ley de Restitución de Tierras
2.1 Implementación de la Restitución de Tierras, Alejandro Reyes
2.2 Marco Institucional de la Reparación de Víctimas, Paula Gaviria
2.3 Ley de Víctimas y Proceso de Paz, Marc
Chenick
2.4 Reparación y Justicia para las Víctimas, María Elvira Restrepo
2.5 Lecciones de los Países Africanos, Jackie
Klopp
2.1 Implementación de la Restitución de Tierras - Presentación de Alejandro Reyes
La ejecución de esta ley
deberá vencer los siguientes obstáculos:
1. El registro de propiedad de la tierra es
incompleto;
2. La ley no va a actuar para remediar las
pérdidas comerciales por compraventa de tierras en condiciones de mercado
regular (el que hizo un mal negocio con comprador de buena fe, hizo un mal
negocio y eso se queda así) sino que se va a aplicar a los que perdieron sus
tierras por vía violenta; una primera identificación de los predios así
afectados se logra por medio de bases de datos muy amplias que ya existen;
3. Cerca del 75% de las personas despojadas
no tenían propiedad formal; para probar que la tierra que reclaman era suya se
hará una cartografía de redes sociales y con la ayuda de la comunidad se
definirán los derechos de propiedad;
4. En los últimos 30 años se destruyó la
institucionalidad rural; así, las agencias del estado que administraban las
políticas agrarias y rurales se subsumieron en el Incoder, un instituto
corrupto e ineficiente que fue capturado por los paramilitares y que ayudó al
despojo de tierras; por esto se ha creado una entidad nueva, la Unidad de
Restitución de Tierras, blindada contra la corrupción, que se ha puesto en
manos de un equipo experto y conocedor de los problemas agrarios;
5. La ley impone un cambio en la estructura
de seguridad del país; la hipótesis de seguridad vigente anteriormente era que
los campesinos podían ser penetrados por las guerrillas y que los aliados
naturales de la seguridad eran los latifundistas y los desplazadotes de
población; en un nuevo paradigma de seguridad las fuerzas armadas son invitadas
a formar una alianza con los campesinos para hacerse perdonar su alianza pasada
con paramilitares y narcotraficantes;
6. El despojo fue un conflicto entre
victimarios armados y víctimas indefensas; la ley cambia esos términos; el
conflicto ahora es entre el estado y los tenedores de la tierra despojada;
7. No se puede organizar políticamente a las
víctimas porque ello replica el conflicto entre victimarios y víctimas mientras
estas siguen siendo vulnerables;
8. Hay un conflicto ético entre dos
concepciones de los sujetos sociales; en el gobierno anterior se consideraba
que el sujeto campesino estaba bien para peón de hacienda, beneficiario de la
bondad voluntaria del terrateniente y con acceso a algunos servicios
subsidiados del estado; de acuerdo con esta ley el campesino tiene derecho a la
tierra y a la propiedad;
9. Debe haber una nueva ley de desarrollo
urbano pues el despojo no fue solo el de los campesinos afectados por la
violencia sino también el de los baldíos ocupados en violación de leyes
vigentes desde hace mucho tiempo que reservan los baldíos para los campesinos;
en estas condiciones, el gobierno va a recuperar los baldíos para formar un
fondo de tierras que se distribuirá entre los campesinos;
10. La redistribución generalizada de las
tierras es necesaria para asegurar el futuro democrático del país.
2.2 Marco Institucional de la Reparación de
Víctimas - Presentación de Paula Gaviria
Esta presentación se
refirió específicamente a la organización y funciones de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas).
La ley de víctimas tiene
por meta poner a estas en el entro de la política nacional y crear un marco de
reparación integral necesaria para la reconciliación nacional.
La situación anterior a la
ley de víctimas orientaba al estado a dar asistencia a las víctimas de los
actores ilegales del conflicto con base en un sentido de solidaridad; los
mecanismos de compensación eran precarios y las víctimas tenían dificultad de
acceso al sistema judicial. La ley de víctimas, en cambio, impone un sistema de
atención campesina, responsabilidad de todos los actores armados, reparación
integral y una ruta administrativa –esto es, no judicial- para la reparación y
restitución basada en la buena fe de las víctimas.
Entre las funciones de la
Unidad de Víctimas se encuentran:
1. Diseño de una política de participación de
las víctimas o de mecanismos para “empoderarlas”;
2. Asistencia, reparación y registro de
víctimas;
3. Monitoreo y evaluación de las entidades
participantes y cooperantes.
Los retos que tiene que
superar la Unidad de Víctimas para cumplir sus tareas incluyen:
1. Inserción de las víctimas en los servicios
del estado y fortalecimiento de alertas tempranas;
2. El universo de víctimas es incierto e
impreciso a pesar de los esfuerzos que se han hecho para actualizar el registro
único de víctimas y la red nacional de información;
3. Hay que hacer la transición de una política
de asistencia a una de atención integral para corregir la vulnerabilidad de la
población; igualmente, hay que diseñar estrategias para acompañar la población
hasta cuando esté lista para salir del sistema de apoyo gubernamental;
4. Hay que establecer una repuesta integral
al proceso de retorno de la población desplazada hacia las tierras de que fue
despojada, lo que implica coordinar el flujo de retorno y las acciones de
reinserción a las actividades agrícolas;
5. Hace falta un fortalecimiento institucional
que genere instituciones cercanas a la población rural;
6. Hay que escuchar y amplificar la voz de
las víctimas;
7. Hay que establecer un sistema de normas,
derechos y garantías para los grupos étnicos y sus territorios.
Información adicional y más
completa que mis desgreñados apuntes se encuentra en los siguientes enlaces de
Internet:
2.3 Ley de Víctimas y Proceso de Paz - Presentación de Marc Chenick
El presentador ha estado
haciendo seguimiento a y presenciado muchos fracasos en los procesos de paz en
Colombia desde la década de 1980.
De la administración
Betancourt a la administración Pastrana fueron 20 años durante los cuales la
paz estuvo en el centro del discurso político. Uribe abandonó ese discurso y
optó por la solución militar.
Las propuestas de paz
basadas en la participación de las bases populares y una inserción gradual de
las clases altas, tipo comunidades o islas de paz, que son muy frágiles y
vulnerables, fueron sugeridas durante el último año de la administración
Pastrana y durante todo el gobierno de Uribe.
La administración Santos ha
introducido una nueva propuesta: poner
las víctimas y la tierra en el centro del proceso de paz. Pero esta propuesta
no reemplaza el proceso mismo de paz y, al contrario de lo que se quiere con
él, generará nuevos conflictos.
La experiencia vivida en
otros países en conflicto ha sido la de compensar las víctimas al final del
conflicto. Colombia ha optado por una estrategia diferente, la de indemnizar y
reparar a las víctimas mientras el conflicto sigue su curso. Dada esta
situación, el próximo paso que debe darse es el de negociar un acuerdo político amplio sobre las
causas que mantienen vivo el conflicto.
Una paz negociada implica
negociaciones con la guerrilla. El discurso histórico de la guerrilla ha
cubierto dos temas: reforma agraria y desarrollo rural. Con la ley de
restitución de tierras y reparación de víctimas el presidente Santos ha
validado la agenda histórica de las guerrillas y ha creado condiciones mas
favorables para las negociaciones de paz.
Hay sin embargo un
obstáculo para este proceso y es la política de desarrollo minero acelerado
que, de por sí, amplía y agudiza los conflictos por el uso de la tierra.
Un proceso de paz válido
debe incluir la neutralización de otras estructuras de violencia y la
desmovilización de todos los actores armados del conflicto, pero primero hay
que negociar con las guerrillas.
En conclusión, la prioridad
que se da a la suerte de las víctimas es un punto de partida pero no será
suficiente para ganar la paz. El presidente Santos ha hecho de la paz una de
las metas principales de su gestión; para lograrla deberá confrontar las raíces
históricas del conflicto: ¿Por qué este conflicto ha tenido tantas víctimas?
¿Por qué ha durado tanto tiempo?
2.4 Reparación y Justicia para las Víctimas - Presentación de María Elvira Restrepo
Un enfoque integral del
problema es quizá la mejor manera de solucionarlo. Es necesario pensar, como en
la experiencia de otros países en conflicto, en la necesidad de combinar
justicia transicional con otras modalidades de reparación y restitución.
La justicia transicional
genera controversia en un país donde el conflicto ha sido largo y afectado
varias generaciones. La estrategia de la administración Uribe carecía de
dirección e incluía un solo actor, los paramilitares. Su plan daba prioridad a
la retribución y no incluía mecanismos de reparación –esto es, restitución y
compensación-; en otras palabras, era un plan de desmovilización y sometimiento
a la justicia por parte de los paramilitares. Era una política diseñada para
lidiar con el problema de los delincuentes o actores violentos.
Los estudios empíricos
sobre la manera como se ha manejado el problema de las víctimas en otros países
en conflicto no ofrecen resultados concluyentes sobre la mejor manera de
proceder.
Una pregunta que hay que
tener presente es la de qué quieren las víctimas. Muchas encuestas indican que
las víctimas prefieren oír la verdad sobre los crímenes que se cometieron
durante el conflicto y reparación de los daños que sufrieron; retribución,
castigo, venganza contra los victimarios no son prioritarias para ellas.
Una política comprensiva de
terminación de la violencia incluye a todos los actores y factores en el
proceso de paz.
2.5 Lecciones de los Países Africanos - Presentación de Jackie Klopp
El fracaso de los procesos
de paz afecta a la población desplazada así como a las generaciones presentes y
futuras.
El reto de un proceso de
paz es el de reconocer a los desplazados su condición de ciudadanos con
derechos.
La restitución de la tierra
tiene sentido desde el punto de vista de la agricultura.
El riesgo de la restitución
de tierras es que la población desplazada de por sí vulnerable sea usada para
impulsar una agenda política que de todas maneras la mantenga en condiciones de
vulnerabilidad.
La gente más pobre no
tiene, ni tenía, tierras y a pesar de ello también fue, y es, desplazada.
Los niños probablemente se
vuelven más vulnerables cuando regresan al campo pues frecuentemente ellos se
benefician de mejores servicios en las áreas urbanas.
La tendencia moderna a la
urbanización implica que algunos de los desplazados quieran quedarse en las
ciudades. En este caso es necesario diseñar mecanismos para que aquellos que no
quieran regresar al campo reciban el equivalente monetario de la tierra que les
perteneció.
Para que los desplazados
puedan hacerse oír del resto de la sociedad es necesario que se organicen y
gocen de respaldo gubernamental.
Los programas de
restitución de tierras deben incluir mecanismos de transparencia y amplio
acceso a la información que manejan las entidades encargadas de hacerla.
Luis Mejía – 19
de mayo de 2012
Publicado en
blogluismejia.blogspot.com
